El fiscal pide que se procese al general Galindo y a Elgorriaga por pertenencia a banda armada

La fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Javier Gómez de Liaño que procese al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, al capitán Ángel Vaquero y a los guardias Enrique Dorado y Felipe Bayo como integrantes de una "banda armada", concepto que el fiscal considera distinto de una "organización o grupo terrorista". El general y los demás integrantes de la supuesta banda armada ya están procesados por el secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, en 1983.

El fiscal cree, sin embargo, que no se puede ampliar a Rafael Vera el procesamiento por encubrimiento de los anteriores delitos ya que de las referencias a él como la persona que "da el visto bueno", hechas por el guardia Bayo, sólo cabe deducir "sospechas", pero no "sólidos indicios" para procesar.El fiscal del caso Lasa-Zabala, Jesús Santos, analiza ahora, en un escrito dirigido al juzgado, la incidencia de las declaraciones hechas en agosto del pasado año por el guardia civil Felipe Bayo, en las que implicó a sus superiores del cuartel de Intxaurrondo en los secuestros y asesinatos de Lasa y Zabala. Declaraciones que el fiscal califica de "prolijas y minuciosas" y que Bayo realiza de forma "persistente" sobre Julen Elgorriaga y el general Galindo. Bayo, su compañero Dorado y el general Rodríguez Galindo están en prisión provisional por el caso Lasa-Zabala.

El fiscal señala que las declaraciones de Bayo "confirman y corroboran" los cargos contra el general Galindo y Julen Elgorriaga, "ofreciendo nuevos datos sobre la presencia, dirección y dominio de la situación de los citados".

Otras posibles imputaciones

El representante del ministerio público delimita la lista de participantes en el caso Lasa-Zabala a Galindo, Elgorriaga, Vaquero, Dorado y Bayo y deja abierta la puerta abierta para que se levanten las imputaciones contra el teniente Pedro Gómez Nieto, el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, el ex director general del Cesid Emilio Alonso Manglano, el coronel Juan Alberto Perote y otros siete agentes de la Guardia Civil, para los que pide que se dejen sin efecto las medidas cautelares.Ante la solicitud del teniente general Emilio Alonso Manglano de que sea sobreseída la causa y se archive respecto a él, el fiscal no se opone, pero dice que debe hacerse en la fase intermedia del proceso, cuando las partes se pronuncien sobre la apertura de juicio oral.

Respecto de Rafael Vera, procesado ya por encubrimiento, las declaraciones de Bayo le colocan "no sólo como conocedor de lo que estaba sucediendo, sino como la persona que da el visto bueno". Pero según el fiscal, este dato "no ha podido ser corroborado, pese a que se ha intentado". Y al tratarse de una referencia, aunque Vera en aquella época era director para la Seguridad del Estado, "sólo puede hacer nacer sospechas o conjeturas sobre su participación en los hechos, pero no sólidos y plurales indicios racionales de criminalidad para procesar".

En cuanto al capitán de la Guardia Civil Ángel Alba Coca y al teniente Fidel del Hoyo, las declaraciones de Bayo son "diversas, persistentes y de entidad incriminatoria. De las mismas se pone de manifiesto que ambos conocían la ilegalidad de la detención de Lasa y Zabala en el Palacio de La Cumbre, en San Sebastián, "lo que les hace partícipes de alguna forma". Sin embargo, a ambos sólo se les podría imputar una detención ilegal inferior a 15 días por lo que, al haberse producido los hechos en octubre de 1983 y las imputaciones en agosto de 1997, el delito para ellos estaría prescrito.

En cambio, el fiscal entiende que el capitán Ángel Vaquero, persona mencionada prolijamente en las declaraciones de Bayo" es el que da las órdenes al teniente Fidel del Hoyo para que los guardias Dorado y Bayo vayan al Palacio de la Cumbre. También "es el que da las instrucciones para efectuar los interrogatorios" y "el que más tiempo estuvo en La Cumbre".

Según el fiscal, Vaquero aparece como el auténtico "director de las operaciones" en todo el escenario criminal. A todo ello debe unirse su situación de superior jerárquico de Dorado y Bayo y su situación de subordinación y de confianza del entonces comandante Rodríguez Galindo. Así, su conducta se configura como la de "partícipe a título de autor", por lo que el fiscal pide que sea procesado y se le imponga una Fianza para cubrir las responsabilidades civiles que se deriven de la causa.

Respecto al teniente Pedro Gómez Nieto, el fiscal recuerda que fue procesado a raíz de unos documentos intevenidos al ex coronel del Cesid Juan Alberto Perote en su celda de la prisión de Alcalá, en los que se recogía una conversación entre Gómez Nieto y el propio Perote. En ella, el primero comentaba cómo se había puesto fin a la vida de Lasa y Zabala.

Con este soporte documental y unas fotocopias entregadas al juez por dos periodistas, Gómez de Liaño decretó el procesamiento de Gómez Nieto, pero éste fue revocado después por la Sala de lo Penal de la Audiencia. Dado que el documento intervenido a Perote no se correspondía con ninguno de los papeles del Cesid desclasificados y que varios dictámenes periciales grafísticos del texto atribuido a Gómez Nieto son divergentes, el fiscal cree que la situación del ex teniente no puede ser alterada, "pues las sospechas no han alcanzado la categoría de indicios".