Una ambigüedad calculada

Las reflexiones en voz alta de Antonio García-Pablos arrojan luz sobre la posición que mantuvo el fiscal Manuel Villanueva frente al recurso de casación. Ni en su escrito del 8 de julio de 1997 ni en su alocución del 11 de febrero pasado, Villanueva habló de penas. Ni de seis meses, ni de cuatro años, ni de multa.Lo que dijo es que como la operación de los 600 millones fue un acto de administración, debía aplicarse el artículo 295 del Código Penal vigente (administración desleal), más beneficioso para el ex banquero ya que se castiga con una pena de seis meses a cuatro años o multa. Villanueva dijo que prevalecía el precepto especial (administración deselal) frente al general (apropiación indebida). La pena menos grave frente. a la más grave. Con este argumento apoyó el punto sexto del recurso.

Bien. García-Pablos dijo ayer que Villanueva "pidió la pena de multa". Cuando se le hizo notar que no era así, el letrado lo admitió, pero agregó que cómo en el sexto motivo se pedía la multa, al apoyarlo Villanueva, sin matización, estaba apoyando la petición de multa.

Por tanto, Villanueva mantuvo una posición abierta, suficientemente algebraica para que la petición de Conde pudiese obtener la multa. Según fuentes solventes, Emilio Vez, uno de los fiscales jefes del Tribunal Supremo, entonces, en junio de 1997, camino del retiro, no compartió ni sugirió dicha orientación. Un texto del otro fiscal jefe, José María Luzón, quizá diera base para rizar el rizo. La secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, por otra parte, exigió explicaciones al no compartir la posición de Villanueva.

En la vista del recurso, Villanueva incurrió en una especie de excusatio non petita. Dijo: "Resultó que mi tesis coincidió con la del catedrático aquí presente, que tenía el mismo criterio que yo". Se refería a García-Pablos.

Pero García-Pablos confesó ayer que no fue él quien preparó el recurso de casación. El letrado recibió en mayo los trastos del entonces letrado de Mario Conde en el caso Argentia, Mariano Gómez de Liaño.

Según varias fuentes, fue Villanueva quien en 1989 pidió el archivo de una causa por presunta evasión de 300 millones de pesetas. La Brigada de Delitos Monetarios interrogó a Gómez de Liaño y envió el asunto a al juzgado de delitos monetarios número 3 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Rodolfo Soto Vázquez. El fiscal Villanueva solicitó el archivo de las diligencias.