Los policías se niegan a formar parte de la nueva unidad de grúas
La recién creada Unidad Operativa de Grúas de la Policía Municipal de Madrid, destinada a limpiar las calles de vehículos mal aparcados, se ha encontrado con dos baches antes de echar a rodar. Tras hacerse pública su orden de creación, el 16 de enero pasado, sólo una quincena de policías pidieron incorporarse a alguna de las 120 plazas de este nuevo grupo motorizado. Casi ninguno de estos voluntarios, según fuentes municipales, optó, además, por un puesto de calle, sino que solicitó plaza de sargento (mando) o en oficinas. Ante esta falta de voluntarios, la dirección de la Policía Municipal tuvo que convocar una segunda vuelta el pasado 3 de febrero.
Al problema generado por esta falta de entusiasmo en la tropa se ha sumado una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que anula la posibilidad de ordenar el traslado forzoso de agentes para cubrir de forma permanente las plazas vacantes.
Estos dos escollos han puesto en un brete el empeño del concejal de Policía Municipal, José Ignacio Echeverría, de despejar la circulación y aumentar este año, con apoyo de la citada unidad, hasta 233.000 los vehículos retirados de la vía pública (46.000 más que el año pasado). Para dar salida a este atasco, el director de servicios de la Policía Municipal, José Manuel Morales, se ha enfrascado en la búsqueda de una vía de escape. La más avanzada consiste en acogerse a un apartado del reglamento policial que permite el traslado de agentes de una unidad a otra por un tiempo máximo de dos meses al año. Por medio de esta vía se enviarían de forma rotatoria agentes de tráfico al grupo de grúas. Esta solución permitiría salvar la falta de voluntarios. Una carencia que los responsables municipales reconocen, pero que achacan a la presión de los sindicatos hacia los agentes. "Sus críticas no son laborales, sino políticas", señala Morales.
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Anuncio de denuncia
El Ayuntamiento quiere suplir la falta de voluntarios para la grúa con traslados temporales
Este sindicato, además, blande una amenaza concreta: si la solución de los turnos no prospera y se opta por el traslado forzoso y permanente, se denunciará por prevaricación al Ayuntamiento. Este paso se sustentaría en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que responde a un recurso presentado en 1995 por CC OO contra varios artículos del Reglamento del Cuerpo de Policía Municipal. El fallo, emitido hace dos meses, anula en su práctica totalidad el artículo 50 de dicha norma, precisamente aquel que regula los traslados forzosos para cubrir permanentemente una plaza. Los magistrados consideran que tal y como lo plantea el reglamento este tipo de cambio sólo es admisible cuando responde a una sanción disciplinaria firme (el único supuesto que aceptan).El primer enunciado del artículo anulado ofrecía un caso similar al de la unidad de grúas, es decir, autorizaba el traslado forzoso de destino o de turno "tras producirse una vacante y no haber sido cubierta voluntariamente". Los magistrados señalan que este precepto convertía el traslado forzoso en un supuesto normal de provisión de puestos. Un hecho que la sentencia considera "inadmisible" debido a la "excepcionalidad" que ha de justificar la utilización de esta medida.
Un segundo supuesto del citado artículo era el traslado forzoso "como medida cautelar en procedimiento disciplinario". Los magistrados, para anular esta posibilidad, se basan en que la Ley de Coordinación de Policías Locales sólo admite tres tipos de medidas preventivas en la tramitación de un expediente sancionador: la suspensión por un periodo máximo de seis meses, la retirada temporal del arma y la credencial, y la prohibición de acceso a las dependencias policiales.
El tercer apartado anulado corresponde al que permitía el traslado forzoso de los agentes "cuando la conducta o el rendimiento -del funcionario no sea compatible con la realización de la tarea específica que esté llamado a desempeñar o con el trato hacia los compañeros o con el público".
La sentencia recuerda que este supuesto convierte el traslado en una "sanción encubierta, impuesta sin seguir el procedimiento legalmente establecido y sin respetar el derecho de defensa y de presunción de inocencia".
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