Robin Hood, en prisión

Efímera fue la libertad del bandido generoso mexicano Alfonso González Sánchez, El Chucky, pues horas antes de embarcarse hacia Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos, fue detenido por la autoridad competente. González Sánchez ha hecho historia en los anales de la delincuencia y judicatura aztecas. Aduciendo falta de pruebas, y aparentemente enternecida por la largueza del delincuente, la juez María Claudia Campuzano le liberó el pasado 2 de enero pese a haberse declarado culpable de la muerte de un ciudadano estadounidense al que atracó a mano armada. La magistrada creyó insuficiente la asunción de culpa, y le devolvió, con su banda, a las calles de Ciudad de México.Independientemente de la controversia sobre si el fallo fue ajustado a derecho, escarnecieron a los mexicanos las precisiones del auto de liberación sobre las cualidades morales que adornan habitualmente la actividad profesional del reo, suficientemente acreditadas por numerosas comisarías. "Es un moderno Robin Hood, que no sólo comparte lo que roba, sino que entrega dinero de más a sus compinches y él no se queda con nada. Resulta que a veces pone de su bolsa", destacó la juez en el oficio. Posteriormente justificó la lamentable reflexión: "Se trata sólo de una metáfora".

Martirizada Ciudad de México por el hampa, los piropos de María Claudia espantaron, y la Embajada norteamericana se manifestó aquel día perpleja, consternada en un comunicado por la trivilidad de la juzgadora. El Chucky fue acusado de la muerte de Peter John Zárate Junghans, ejecutivo de la inmobiliaria norteamericana Cushman & Wake Field Incorporated, quien el 15 de diciembre fue asaltado en un taxi callejero.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) encontró elementos probatorios suficientes como para que se hubiera dispuesto la prisión provisional de todos los detenidos y abrió un expediente a la magistrada. Para entonces, Alfonso González ya se había escondido, sin perder un minuto, en uno de los domicilios a su disposición, hasta 16, informó la policía. Todo lo tenía dispuesto para llegarse hasta el kilómetro 44 de la carretera México-Querétaro, parada de los autobuses hacia Estados Unidos. Desde allí cruzaría la frontera con documentación falsa, ataviado especialmente para despistar. Capturado antes en un centro comercial, fue presentado como trofeo de guerra. Barbilla en alto, aguantó en el juzgado correspondiente los reflectores de las cámaras de televisión, los flashazos y las preguntas.

"No quiero rendir declaración", dijo lacónico. Sólo accedió a aportar algunos datos sobre su situación personal: se dijo de profesión camarero, aunque trabajando como comerciante y aficionado a la natación. La causa por el asesinato del ejecutivo norteamericano se prolongará, y por ello las autoridades pretenden que El Chucky no salga de nuevo. Deberá responder de entrada por un delito de robo con agravantes, el primero de la lista endosada. Dos venezolanos comparecieron como sus víctimas. Declararon haber sido asaltados el 28 de diciembre, y despojados violentamente de 4.000 dólares en efectivo y otros 500 en tarjetas de crédito.

La presión diplomática estadounidense, los indicios de deshonestidad judicial, atribuida a la incapacidad, al miedo o al soborno, y las contradicciones, jalonaron el caso del Chucky. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y la juez se acusan de impericia o mala fe. Sobre María Claudia Campuzano pesa la imputación de fundar su sentencia absolutoria en consideraciones subjetivas. "Es un absurdo decir que el señor fue muerto en virtud de que hubo un asalto. No tengo acreditado que al señor le hayan quitado un quinto [un duro]", se exculpó. "A mí no me tocaba investigar si los señores cometieron un robo o no, pero, en dado caso de que así hubiera sido, ni siquiera se acreditó la posibilidad de que ese haya sido el móvil, pues resulta que al encontrarse el cuerpo del occiso se observó que todavía conservaba su reloj, un anillo costosísimo y dinero en efectivo".

Informada en su día por un grupo de periodistas sobre las averiguaciones dispuestas en su contra, comentó: "Se me hace risible. La simple confesión no es prueba suficiente para acreditar que hayan cometido el delito. He actuado conforme a derecho".