Los gobiernos central y vasco quieren rebajar la crisis por la vigilancia a los concejales del PP

Los gobiernos central y vasco quieren reconducir el conflicto suscitado entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Interior vasca por la vigilancia de los concejales del PP. El Gobierno vasco, en su reunión de hoy, hará pública su protesta por lo que considera una invasión de competencias del Estado en sus atribuciones autonómicas, pero intentará rebajar la temperatura de la crisis. No activará, por ejemplo, el conflicto con medidas como un recurso ante el Tribunal Constitucional. Aunque no ha habido contactos entre el presidente del Gobierno, José María Aznar, y el lehendakari, José Antonio Ardanza, durante el fin de semana, desde La Moncloa se expresaba ayer la voluntad de desactivar el conflicto.

Los socialistas vascos (PSE) pedirán hoy al lehendakari Ardanza que evite un conflicto institucional con el Ministerio del Interior y resuelva la polémica en torno a la contravigilancia policial a los cargos electos del PP en el seno de la Junta de Seguridad.Aunque consideran que existen motivos para la queja institucional vasca, el PSE sostiene que un conflicto de ese tipo "sería un retroceso a situaciones anteriores al Pacto de Ajuria Enea". Todo apunta a que el Gobierno vasco, que se reunirá hoy en Vitoria, hará un último esfuerzo antes de forzar la situación.

La polémica podría encauzarse si del Consejo del Gobierno vasco sale una demanda a la Administración central para convocar la citada Junta de Seguridad. El consejero de Interior, Juan María Atutxa, trasladará a los miembros del Ejecutivo vasco un amplio informe con las vulneraciones de competencias detectadas por la policía autónoma en los últimos meses en materia de seguridad ciudadana para que adopten una decisión.

Los socialistas acordaron ayer trasladar a Ardanza una propuesta conciliadora. Exigen al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que mejore la comunicación con la Ertzaintza y piden al lehendakari un esfuerzo para ofrecer una posición común de los partidos vascos, previa "renuncia a la exhibición pública de las discrepancias".

Sin embargo, el otro socio del PNV en el Gobierno vasco, Eusko Alkartasuna (EA), está convencido de que en el fondo se trata de un problema de competencias. Para EA, la solución está en la total sustitución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la Ertzaintza. El lehendakari, cuyo partido, el PNV, mantiene un pacto de apoyo al Partido Popular en el Congreso de los Diputados, deberá decidir si acentúa el enfrentamiento o busca los cauces para intentar resolverlo en un órgano con representación de las dos administraciones como es la Junta de Seguridad del País Vasco.

Malestar evidente

En Ajuria Enea, sin embargo, el malestar es evidente. "La invasión de competencias de la Ertzaintza no es ya una cosa que viene desde enero, o finales del pasado año, sino que arranca desde el momento en que la policía autónoma vasca se desplegó por toda la comunidad autónoma", citaron ayer fuentes próximas a Ardanza.Para el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Emilio Olabarria, "estamos ante un problema de descoordinación policial" que habría que resolver en la citada Junta de Seguridad, y sería deseable que no se llegara a un conflicto de competencias y que se solucionara "razonablemente".

A su vez, la consejera socialista de Turismo, Rosa Diez, está convencida de que no se trata de un debate jurídico ni de competencias sino "de sentido común". "Si mañana [por hoy] no existe una posición conjunta de los socios de Gobierno, se sabrá", adelantó.

El coordinador general del PP, Ángel Acebes, declinó hablar ayer en Valencia sobre la polémica entre gobiernos al asegurar que "cualquier debate, cualquier discusión, sobre todo en términos públicos, sólo beneficia a la banda ETA". Sin embargo, avaló la contravigilancia al asegurar que "a los terroristas hay que ponérselo lo más difícil posible adoptando las medidas de protección que seamos capaces de recomendar".

Los sindicatos de la Ertzaintza Erne, CC OO y UGT, que forman la mayoría sindical, creen que la posición mantenida por Atutxa en el conflicto sobre la protección de los cargos del PP "traslada una imagen de debilidad y falta de profesionalidad de nuestro colectivo" y añade "un grave malestar entre los trabajadores de la Ertzaintza".

Estos tres sindicatos, que mantuvieron ayer una reunión en Bilbao, subrayaron la "incapacidad" del Departamento de Interior vasco para organizar la Ertzaintza "desde criterios estrictamente profesionales" y constataron que esa dinámica "conduce al deterioro del servicio policial que la Ertzaintza presta a la sociedad vasca".