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IU paraliza la operación de recabar datos de sus militantes a través e una empresa

Izquierda Unida admitió ayer que cedió datos confidenciales de sus afiliados a terceros, aunque lo hizo con un contrato de confidencialidad. La ley prohíbe la cesión o automatización de esos datos sin el permiso por escrito de los afectados, lo que no cumplió IU. Ayer, Nueva Izquierda, cuyos afiliados recibieron también cartas pidiéndoles información de este tipo por parte de Eurobroker Hardware, se dirigió a la Agencia de Protección de Datos para pedir su amparo. De momento, IU ha paralizado la operación basándose en el "error" de enviar la tarjeta sin sobre.

La nota con que la dirección federal de IU justificó ayer la cesión a terceros de su fichero de afiliados confirma el envío de las tarjetas reclamando datos confidenciales a éstos, que la operación se hizo a través de una empresa privada y que el fichero se ha pasado a "soporte magnético". Aunque afirma que todo se ha hecho dentro de la legalidad, la ley de Protección de Datos hace especial referencia a este tipo de información sensible.El texto legal excluye a partidos, sindicatos, iglesias o confesiones, salvo en lo dispuesto en los artículos 7 y 11. Si es opinable si ha habido o no cesión a terceros del archivo, lo es menos que el artículo 7, apartado dos, dice taxativamente que no podrán automatizarse los datos relativos a ideología, creencias o religión, salvo permiso previo y por escrito de los afectados.

Pedro Granados, responsable de organización de IU, reconoce en su nota aclaratoria que se ha dirigido a los militantes a través de una empresa de envíos por correo, pero tomando las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad de los datos mediante un compromiso firmado ante notario por la sociedad cesionaria. Y admite que los datos están incluidos en "soporte magnético".

Ayer, Granados amenazó con querellarse con los "deslenguados que están acusando a la coalición de atentar contra la intimidad de sus militantes cediendo los datos personales a una empresa para su futura comercialización". El responsable de organización hizo constar su interpretación de que no ha habido cesión de los datos -"se entregó el fichero para la realización de un servicio"- y redujo el problema exclusivamente a la tarjeta sin sobre de respuesta comercial. Y en este caso culpó a otros. En su nota, califica el hecho de "error importante que en el proceso de envío se ha deslizado y sobre el que exigiremos responsabilidad de cualquier tipo". De momento, y así lo advierte, se ha paralizado la operación.

Sin citar en ningún momento a EL PAÍS, único medio que dio la noticia, Granados insistió ayer en la posibilidad de la querella y en que la iniciativa cumple con todos los requisitos legales [este periódico en ningún caso afirmó que se fueran a comercializar los datos, sino que algunos militantes habían advertido de ese riesgo]. En cuanto a que la actuación fuera legal, no lo piensan los militantes que la denunciaron ni Nueva Izquierda, cuyos afiliados -que abandonaron hace tiempo IU- han recibido también la tarjeta.

Diego López Garrido, el secretario federal de Nueva Izquierda, se dirigió ayer a la Agencia de Protección de Datos pidiendo una investigación para determinar las responsabilidades de "quienes han puesto en circulación información tan sensible como la ideología". En su escrito, López Garrido señala la gravedad de que una organización ponga en manos de una empresa privada un fichero que, obviamente, recoge la ideología de los incluidos.

En su opinión, el hecho es más grave por tratarse, en el caso de los militantes de Nueva Izquierda, de personas que ya no están en lU. Y pidió que se requiera a esta organización la destrucción de los ficheros de ex militantes y el cese en la práctica de solicitar este tipo de datos. "El propio [Julio] Anguita debería pedir una investigación", afirmó. A título personal, Juan Berga y Carlos Méndez, que han recibido el documento, han pedido amparo a la Agencia de Protección de Datos. Ambos se dieron de baja hace ya varios meses en IU.

Pablo Castellano mostró ayer su sorpresa por la alarma que ha producido el conocimiento de datos de militantes de IU que son del todo conocidos. Castellano quitó importancia a que la dirección federal ponga en manos de una empresa este tipo de datos y echó en el saco del Cesid esta información, a cuyos autores acusó de ser "compinches de Manglano, Narcís Serra y Eduardo Serra".

Anguita, cuya carta acompañaba la tarjeta, restó importancia al tema y aclaró, en declaraciones a Radio Nacional que "lo que no se ha dicho es que hay un compromiso de la empresa, que después se llevó ante notario, de que no se utilizarán esos datos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de febrero de 1998

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