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Dumas se declara inocente, pero los jueces siguen investigando el 'caso Elf'

"Confirmo solemnemente ser ajeno a los casos Elf y Thomson", proclamó ayer el presidente del Consejo Constitucional francés y antiguo titular de Asuntos Exteriores, Roland Dumas, mientras los investigadores inspeccionaban minuciosamente sus cuentas y los jueces llamaban a declarar a la abogada autora de los ingresos juzgados sospechosos.

'La policía trata de establecer un nexo de conexión entre los 10 millones de francos (250 millones de pesetas) ingresados en las cuentas de Roland Dumas entre 1991 y 1995 y los 45 millones de francos (1.125 millones de pesetas) que su amiga Christine Deviers-Joncour, empleada de Elf, cobró en concepto de "comisión", después de que Thomson vendiera al Gobierno de Taiwan seis fragatas equipadas con modernos sistemas de detección.Los abogados de Roland Dumas amenazaron ayer con perseguir por difamación y violación de secreto de la instrucción a todos aquellos que aireen las sospechas, pero sus advertencias no parecen impresionar a los dos jueces, Eva Joly y Laurence Vichniesvsky, que siguen tratando de cerrar el círculo. Pese a las comedidas declaraciones de ministros y ex ministros, unánimemente respetuosas con el trabajo de la Justicia, el paso dado por los magistrados al ordenar los registros de los domicilios y despachos de Dumas supone toda uña amenaza para los socialistas. Los portavoces del Consejo Constitucional se sintieron ayer obligados a indicar que la actividad en ese alto organismo prosigue normalmente.

Presidente del Instituto François Mitterrand, centro reconocido de utilidad pública, Dumas es algo así como "el guardián de la memoria" del fallecido presidente de la República. Si como parecen apuntar insistemente los jueces -no puede decirse que los registros hayan sido precisamente discretos-, el caso Elf puede derivar en el caso Dumas, los socialistas van a verse interpelados por el pasado precisamente cuando acababan de inagurar la etapa de la renovación. Quizá por eso, algunos de ellos ven la mano de sus adversarios políticos, singularmente los antiguos responsables del Ministerio de Justicia, en las denuncias originales, supuestamente anónimas, que dieron lugar a la apertura de la investigación.

¿Por qué el ministro de Exteriores Dumas, con el concurso obligado del presidente Mitterrand, modificó su veto inicial a la venta de fragatas a Taiwan que tanto irritaba a la República Popular China? ¿Por qué autorizaron finalmente la operación a despecho de las reacciones y las represalias de Pekín? ¿Puede aventurarse una relación de causa y efecto entre la expectativa de comisiones millonarias y el levantamiento del veto gubemamental? Éstas son algunas de las preguntas a los que los investigadores tratan ahora de dar respuesta.

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