La Fiscalía Anticorrupción amplía la investigación del 'caso Zamora'

El fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha ampliado la investigación del caso Zamora (presunta financiación ilegal del PP) y ha solicitado a la Diputación zamorana una docena de expedientes de obras ejecutadas por esa corporación desde 1992. Entre esa nueva información pedida por Villarejo está la relativa a la acusación del ex presidente de la Diputación Antolín Martín respecto a una supuesta suplantación de su firma por su entonces vicepresidente y actual presidente provincial del PP, el senador Dionisio García Carnero.

El llamado caso Zamora se desató el pasado año tras unas declaraciones de Antolín Martín en las que aseguraba que su expulsión del PP "era la consecuencia de no permitir la corrupción que imperaba en la Diputación Provincial en legislaturas anteriores". Martín fue expedientado y expulsado del PP tras negarse a readmitir como vicepresidentes a dos ex compañeros del PP a los que destituyó tras alinearse en el congreso provincial de su partido en una candidatura distinta a la suya.A la denuncia de corrupciones de Martín se sumó entonces otra del empresario Eduardo Corrales, en la que afirmaba que en la Diputación de Zamora los constructores pagaban comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras. Corrales llegó a implicar en este caso al actual presidente del Gobierno, José María Aznar, por el cobro de tres millones de pesetas que habrían sido entregados por tres empresarios de Zamora ante la promesa de recibir en el futuro adjudicaciones de obras de la Junta de Castilla y León. En esa época Aznar aspiraba como candidato del PP a la presidencia de esta comunidad y necesitaba fondos para su campaña.

La nueva documentación requerida ahora por la Fiscalía Anticorrupción que dirige Carlos Jiménez Villarejo es la relativa a una docena de expedientes de obra de la Diputación desde 1992 hasta hoy, un periodo en el que Martín era su presidente y Dionisio García Camero el diputado responsable de las Obras y vicepresidente de la corporación provincial, según informaba ayer el El Norte de Castilla.

En unas declaraciones de García Carnero que también recogió ayer ese diario vallisoletano, el actual presidente del PP en Zamora afirma que nunca ha suplantado la firma de Martín y añade: "Jamás he firmado un documento que no viniera avalado por los correspondientes informes técnicos". García Carnero ha señalado a otro diario que los expedientes que firmó lo hizo conforme a sus atribuciones y que en cualquier asunto de los que se investiga en la Diputación "podría haber metido la pata, pero no la mano".

Los documentos que demanda ahora Villarejo alcanzan también a la época en que Aurelio Tomás ocupó la vicepresidencia de la Diputación con responsabilidad sobre el área de Obras tras sustituir a Dionisio García Carnero.

La Diputación de Zamora aún está en estos momentos recopilando los expedientes citados, que fueron reclamados por la Fiscalía Anticorrupción a finales del año pasado. La presidencia de la Diputación, que sigue gobernada por el PP, ha remitido un escrito a la fiscalía en el que justifica el retraso en el envío de la documentación por la acumulación de trabajo en el departamento de Obras de este organismo.

El Norte de Castilla también recoge unas manifestaciones del fiscal jefe de la Audiencia de Zamora, José María Caballero, que participó al principio en la instrucción de este sumario, en las que indica que el caso Zamora "no va a quedar en agua de borrajas". "El asunto no puede cerrarse en falso porque las responsabilidades políticas son evidentes", dice, y añade que, tras remitir la investigación a la Fiscalía, desconoce el motivo de que se retrase el pronunciamiento final sobre el caso.

Las declaraciones de Caballero son algo enigmáticas: "Estoy convencido de que [el caso Zamora] no va a quedar en agua de borrajas. No estoy revelando el sentido del informe, pero sí digo que lo que en él se denuncia tiene una entidad sobre la que habrá que pronunciarse. No digo con ello que el asunto vaya a agotarse en la Fiscalía General o en un juzgado, pero sí que es un caso que mantiene su trascendencia, aunque no quiero aventurar ningún final. El asunto no puede cerrarse en falso porque las responsabilidades políticas son evidentes".