General fiscal

HACE SEIS meses, el Gobierno pretendió cerrar la crisis de la fiscalía de la Audiencia Nacional mediante un gesto de autoridad: nombró fiscal jefe de ese tribunal al sancionado Eduardo Fungairiño, pasando por encima de la opinión razonada de todas las instancias asesoras y profesionales del ministerio público. Las advertencias sobre el jardín en que se estaba metiendo el Gobierno provocaron un ataque de risa del presidente Aznar que fue retransmitido por televisión. Sin embargo, uno de los efectos de ese gesto de autoridad fue descolocar al fiscal general del Estado ante los miembros de la carrera fiscal. No sólo no se resolvió la crisis de la Audiencia Nacional, sino que se crearon las condiciones para que se generalizara a todo el ministerio público. El enfrentamiento abierto al que asistimos estos días entre las dos asociaciones de fiscales y el fiscal general ilustra el deterioro producido.El fiscal general, Jesús Cardenal, encargó día atrás al jefe de inspección de la fiscalía, Juan José Martínez Zato, que "pusiera firmes" a los presidentes de las asociaciones de fiscales, Miguel Colmenarejo y Carlos Castresana. El mensaje, interpretado como una amenaza por los aludidos, respondía a sus críticas por la reciente decisión de la ministra de Justicia de anular las sanciones impuestas en su día a los fiscales Fungairiño y Márquez de Prado. Las asociaciones interpretaron esa decisión como una desautorización del ministerio fiscal por parte del Ejecutivo y reprocharon a Cardenal haberse plegado a los deseos de la ministra. Martínez Zato ratificó ayer, en términos generales, la interpretación que las asociaciones habían hecho del mensaje de Cardenal; éste, por el contrario, aseguró que en ningún momento pretendió amenazar o coartar la libertad de expresión de las asociaciones. La ministra avaló esa interpretación y descartó destituir al fiscal, como le había pedido la oposición.

Aparentemente, el problema se plantea en términos de palabra contra palabra: la de Cardenal contra la de Martínez Zato. Este último ha ofrecido, sin embargo, detalles que el fiscal general no ha desmentido y que parecen abonar la versión del jefe de la inspección. Sobre todo, por las alusiones a expedientes disciplinarios que Cardenal habría deslizado en la conversación, aunque, según Zato, él mismo le convenció de que desistiera de plantear tal cosa. El fiscal general no descarta que se haya producido "una mala transmisión" de su mensaje, pero sus explicaciones sobre lo que quiso decir no despejan las dudas. Asegura que defiende la libertad de expresión de las asociaciones, pero también que éstas han ido "más allá de la sana crítica" y les niega autoridad para pedir su dimisión, dado que no representan a toda la profesión, sino sólo a sus afiliados.

Se puede discutir si debieran o no existir asociaciones profesionales de fiscales (y jueces), sucedáneos de la militancia sindical, expresamente prohibida por la Constitución. Pero lo que no tiene sentido es que una vez legalizadas se las someta a restricciones en cuanto a los temas sobre los que pueden opinar. Que el ministerio fiscal se rija por el principio jerárquico no significa que no puedan criticar al fiscal general o a la ministra de Justicia. Por lo mismo, lo más preocupante sería que la orden de "poner firmes" a las asociaciones que habían criticado a la ministra hubiera emanado del Gobierno. En todo caso, al avalar la versión de Cardenal, la ministra compromete al Ejecutivo.

En realidad está comprometido desde el principio en una crisis que no supo afrontar. Prefirió contentar a los sectores mediáticos que le exigieron levantar las sanciones contra los fiscales indomables e incluso promocionar a su jefe. El resultado está a la vista. La semana pasada, todos los grupos políticos, incluyendo el del PP, desautorizaron las opiniones sobre las dictaduras militares deslizadas por Fungairiño en su famoso informe; ahora, las asociaciones de fiscales y la oposición piden la destitución del fiscal general. La oposición al nombramiento de Fungairiño no era un asunto de risa.