Contra el maltrato

EL PAQUETE de medidas urgentes para combatir los malos tratos aprobado en el último Consejo de Ministros es, según anunció el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, un anticipo de un plan de acción más amplio que se dará a conocer en marzo. Entre las medidas anunciadas, calificadas pomposamente como plan de choque, figuran la agilización de los procesos judiciales, la creación de nuevos centros de acogida -ahora hay 129 en toda España- y la dotación de unidades dedicadas a la atención a las mujeres en las comisarías de policía. El Gobierno anunció también que estudiará si debe modificarse o no el Código Penal para endurecer las penas en determinados supuestos y para introducir medidas eficaces de extrañamiento, que garanticen que el agresor no pueda acercarse a la víctima. En el 80% de los casos de malos tratos que llegan a las comisarías, la víctima ha presentado más de una denuncia. La mayoría de los agresores son, por tanto, reincidentes. El rosario de trágicos asesinatos conocidos en las últimas semanas revela que hay un momento especialmente peligroso para las mujeres sometidas a malos tratos: el que sigue a la decisión de hacerlos públicos, porque, en la mentalidad del agresor, ésa constituye una intolerable muestra de rebeldía. Por eso es importante que en el momento en que una mujer amenazada llegue a una comisaría reciba no sólo el trato adecuado, sino los medios de protección que garanticen su seguridad. De momento, el Gobierno no ha concretado el alcance exacto de las medidas ni tampoco su coste presupuestario. Habrá que hacer un seguimiento minucioso de los planes anunciados para que no ocurra, como a veces sucede, que sólo con el anuncio de que se va a abordar un problema éste ya se dé por resuelto. Sería un error pensar que una lacra como ésta puede resolverse con medidas coyunturales concebidas como una mera respuesta propagandística ante la presión social. Para luchar contra los malos tratos a las mujeres no sólo es necesario habilitar medidas efectivas de ayuda y protección. Se han de crear las condiciones psicológicas y culturales necesarias para que la víctima. y su entorno se atrevan a denunciarlos. No hay que olvidar que ahora apenas se hace en el 10% de los casos que se producen. En 1997 se presentaron 17.000 denuncias, unas 1.000 más que el año anterior, y es presumible que, a medida que se hagan efectivas las medidas de protección, muchas más mujeres se atrevan a poner fin a su calvario. Porque, no nos encontramos ante un fenómeno coyuntural. Tampoco es verosímil que la última racha se deba a ningún mimetismo comunicacional. Casos similares, y con la misma periodicidad -uno cada seis días-, venían produciéndose antes, pero no trascendían del microcosmos de la crónica negra local. Lo que ha cambiado es que el vaso se ha colmado y por fin una nueva sensibilidad social hace ahora que afloren como un aldabonazo contra el conformismo. Los malos tratos obedecen a patrones culturales profundamente arraigados. No es de extrañar. Hace sólo 23 años que se derogó en España la llamada potestad marital, que autorizaba al marido a corregir a su esposa y obligaba a ésta a obedecerle. Aunque los malos tratos reiterados en la familia están tipificados como delito desde 1989, muchos hombres siguen en la creencia de que pegar a su mujer forma parte de sus derechos. Costará erradicar este sustrato. Además de una acción política contundente, la sociedad debe hacer ver a los agresores lo anormal de su conducta y la gravedad de sus consecuencias. ¡Cuántas personas no han oído gritos y lamentos de mujeres al otro lado de la pared de su casa y han decidido no intervenir con el falso pudor de que lo que ocurra de puertas adentro de la casa de su vecino no le concierne!