Cassinello y Pellón niegan el pago de comisiones o desvío de fondos en la Expo

, Emilío Cassinello, comisario general de la Exposición Universal de Sevilla desde 1991, y Jacinto Pellón, consejero delegado y presidente de la sociedad estatal Expo 92, negaron ayer ante el juez Baltasar Garzón que. se hubieran pagado comisiones o se hubiese producido desvío de fondos en la gestión del evento, que, según el Tribunal de Cuentas supuso unas pérdidas de 35.000 millones de pesetas.

El magistrado dictó tres resoluciones por las que amplía su investigación documental y requirió datos al vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos; a la Dirección General del Patrimonio, al Banco Exterior de España y a la sociedad Agesa, la empresa pública que gestiona los activos de la Expo tras su conclusión. En cambio" rechazó que declare como testigo la ex presidenta del tribunal, Milagros García Crespo, cuya declaración había sido solicitada por la acción popular, diligencia que calificó de "inútil".

Al vicepresidente primero le reclama copia de los acuerdos de los consejos de ministros sobre el plan general de la Expo o sobre los programas de la sociedad después de la supresión de la comisión nacional, así como copias de contratos y programas de actuación y financiación de la sociedad estatal y el informe de la intervención del Estado sobre contratación y control financiero.

Garzón sigue sin imputar delitos concretos a los administradores de la Expo aunque les mantiene, por el momento, la condición de imputados. El interrogatorio de Pellón introdujo ciertas contradicciones con lo que habían declarado los dos ex comisarios generales, Manuel Olivencia y Emilio Cassinello, según informó el letrado de la acción popular Marcos García Montes. Mientras Olivencia afirmó que le impusieron a Pellón desde arriba, el propio Pellón lo negó.

Respecto al funcionamiento de la sociedad, Cassinello reconoció que él estableció directrices en la gestión, pero que las resoluciones eran adoptadas por el consejo de administración. Explicó que su misión era fundamentalmente la promoción internacional de la Expo mientras que Olivencia se encargaba de la promoción nacional y Pellón de la gestión.

A partir de 1991, según Cassinello, se recortaron las competencias del comisario, ya que las que Olivencia tenía encomendadas se repartieron entre él, nuevo comisario, y Virgilio Zapatero, ministro de Relaciones con las Cortes.