Garzón levanta parte del secreto del presunto fraude fiscal de Tele 5

Baltasar Garzón, juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha levantado parcialmente el secreto en la investigación sobre presunto fraude fiscal de 2.000 millones de pesetas cometido por algunos accionistas que participaron en el capital de la cadena de televisión privada Tele 5 en sus primeros años de vida y por haberse sobrepasado el límite del 25% de acciones que puede estar en poder de un solo propietario. En la causa figuran 38 imputados; entre ellos, el magnate italiano Silvio Berlusconi.

Fuentes jurídicas explicaron a Europa Press que la parte sobre la que se ha levantado el secreto sumarial es la que corresponde a las declaraciones prestadas por algunos de los imputados en la causa, entre las que están las del ex presidente de la cadena de televisión Miguel Durán, el financiero catalán Javier de la Rosa, y el ex director y consejero delegado de Tele 5, Valerio Lazarov.Sin embargo, la documentación incautada en los registros efectuados por orden del juzgado y la que investiga la Fiscalía Anticorrupción así como otras diligencias practicadas permanecerán bajo secreto.

Garzón ya ha tomado declaración a buena parte de los imputados de nacionalidad española y que residen en España, pero aún faltan por prestar declaración los imputados que residen en Italia, a la espera de que la Justicia italiana otorgue su autorización.

Contra los imputados pesan las acusaciones de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, un delito societario, estafa y prevaricación de funcionarios públicos. Todos ellos tienen relación con el accionariado de Tele 5 y empresas vinculadas durante los inicios de la cadena a comienzos de los años noventa.

La mayoría de los imputados son italianos y están relacionados directamente con empresas de Berlusconi como es el caso de Marcello Dell Utri y Adriano Galliani, los colaboradores más directos del magnate, además de su hermano Paolo.

La investigación sobre Tele 5 es la única que queda viva de la supuesta amnistía fiscal, por un importe superior a los 200.000 millones de pesetas (véase EL PAÍS del 27 de diciembre), tras la decisión de Garzón, el pasado viernes, de archivar el resto del caso. En la resolución de Garzón se daba cuenta de que el 21 de julio último se había iniciado "pieza separada". La Fiscalía Anticorrupción calcula inicialmente en unos 2.000 millones de pesetas el presunto fraude fiscal apreciado entre 1991 y 1993.