"Mariscal de Gante y Cardenal carecen de peso político"

Madrileño de 40 años, padre de un hijo de 15 y ya presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), brazo fiscal renovado de la vieja Justicia Democrática que luchó contra el franquismo, Carlos Castresana pertenece a la Fiscalía Anticorrupción desde su creación hace dos años.En diciembre ha recibido de la Asociación Pro Derechos Humanos de España el Premio Nacional por la iniciativa de la UPF de "promover los procesos en curso contra los responsables de la detención iegal, tortura, asesinato y desaparición de personas durante las dictaduras de Argentina y Chile".

Pregunta. ¿Qué ha significado para usted este premio?

Respuesta. Una gran satisfacción personal y, en tanto que presidente de la UPF, el recoocimiento a una iniciativa importante en el ámbito de protección de los derechos humanos.

P. ¿Cuál es la clave jurídica que avala estos procesos, cuya existencia discuten algunos?

R. Que se trata de crímenes contra la humanidad. Las violaciones de los derechos humanos son perseguibles en tod el mundo, pero es más grave y más indiscriminado cuando afectan a la población civil indefensa. Sólo esos crímenes contra la humanidad y el ordenamiento jurídico internacional pueden perseguirse en cualquier país. Por ejemplo, los delitos de genocidio, terrorismo y piratería. No hacerlo produce una impunidad que sirve de acicate para otras actuaciones similares, como los recientes asesinatos de indígenas en Chiapas (México). La tragedia de América Latina es que los hechos se repiten. En cuanto a la competencia de los tribunales españoles en Chile y Argentina, está clara por la existencia de víctimas españolas.

P. A quienes, como usted, critican los escritos de Eduardo Fungairiño y Jesús Cardenal se les acusa de no haber leído los documentos que critican.

R. Pues los he leído detalladamente, y lo primero que destaca en ellos es que Fungairiño no se ha leído los sumarios sobre los que informa, y menos Cardenal. Sólo de ese modo puede entenderse que en el informe se contengan datos erróneos y que falten datos esenciales.

P. ¿Por ejemplo?.

R. Contra lo que dice el informe de Fungairiño en el sumario nunca se afirma que todo el Ejército chileno o argentino fuera una banda armada, sino grupos integrados por militares o paramilitares. Y de hecho, quien conozca el sumario puede ver que tanto en el Ejército argentino como chileno hubo víctimas militares. Dice también que la principal responsabilidad chilena recayó en los carabineros, cuando en el sumario queda claro que fue sobre la DINA o servicios secretos. Hay también omisiones, como la de silenciar que una docena de niños permanecen hoy desaparecidos.

P. Ultimamente se vinculan las críticas a Fungairiño con un deseo de tapar la investigación de los GAL. ¿Qué le parece?

R. No podemos evitar comparaciones tendenciosas entre los dos procesos. Por lo que a mí respecta, siempre he defendido, y sigo haciéndolo, que la investigación de los GAL prosiga hasta sus últimas consecuencias, igual que la de Argentina y Chile. En la UPF tenemos claro que el terrorismo de Estado debe ser en todo caso perseguido.

P. La UPF tiene recurrido el nombramiento de Fungairiño. ¿Espera una resolución rápida?

R. Confiamos en que el recurso prospere pronto, antes de que un cambio legislativo lo haga infructuoso. Nos amparamos en una interpretación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal muy clara y aplicada durante 20 años: la exigencia de conformidad del Consejo Fiscal para el ascenso a fiscal de sala. Desde que tal conformidad no se produjo y Fungairiño fue ascendido, pedimos la dimisión de Cardenal. Y hemos vuelto a pedir la destitución de ambos por el asunto de Chile y Argentina.

P. ¿Encuentra la Fiscalía Anticorrupción la colaboración que necesita por parte de la fiscalía general y del Gobierno?

R. Tenemos una situación muy complicada. En 1997 hemos heredado más de 20 sumarios antiguos de la Audiencia Nacional en situación de tramitación manifiestamente mejorable y de la envergadura de casos como KIO, PSV, Banesto, etc., y, en cambio, no hemos tenido ningún refuerzo en medios personales. Muy recientemente, el fiscal general ha contestado a nuestras peticiones diciendo que no nombra ningún fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción en las comunidades autónomas ni tampoco envía ningún fiscal en comisión de servicio para sustituir al teniente fiscal [número dos de la fiscalía], Luis López Sanz, que está dedicado plenamente al juicio 1 del caso Banesto. Baste decir que la Fiscalía Anticorrupción sólo tiene delegados en Madrid y Cataluña, mientras que la Fiscalía Antidroga tiene más de 15.

P. ¿Cree que no cuentan ustedes con respaldo. político?

R. Se nos respalda teóricamente, pero no se nos dan medios., con lo que se nos condena a la ineficacia.

P. ¿Y qué dice la ministra de Justicia?

R. La única vez que recibió a la UPF, poco después de tomar posesión, nos dijo que iba a "mimar" a la carrera fiscal. Año y medio después el balance es desolador: Ha vulnerado las facultades legales del Consejo Fiscal, ha desatendido todas las cuestiones estatutarias, incluidas las retributivas, y ha designado a dos personas -Cardenal y Fungairiño- de espaldas a la carrera y a plena disposición del Gobierno.

P. El PP prometió reforzar la imparcialidad de los fiscales.

R. Pues ha hecho todo lo contrario. Sólo ha cumplido lo de que el fiscal general sea de la carrera fiscal, pero la experiencia ha demostrado que ese requisito no asegura la imparcialidad, sino a veces al contrario, como en este caso. Además, el peso político de Margarita Mariscal de Gante y de Cardenal es inexistente. El Ministerio de Justicia está vacío de contenido político. El interlocutor en materia de Justicia es el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, o La Moncloa.

P. Desde la UPF, ¿cómo se ve el retraso en la aplicación de las sanciones disciplinarias impuestas hace casi un año a los fiscales de la Audiencia Nacional?.

R. Injustificable. En primer lugar, porque si se quería obtener eficacia, las sanciones debían aplicarse de modo inmediato, para subsanar la situación que les había dado origen. Y además, porque dado el tiempo transcurrido, la mayor parte de ellas habrán prescrito.

P. ¿Para qué sirvió entonces la inspección realizada a la fiscalía de la Audiencia Nacional?

R. Un año después da la impresión de que lo único que importaba era destituir a José Aranda como jefe de esa fiscalía.

P. ¿Cree que los llamados fiscales indomables constituyen una trama real o son una invención periodística?

R. No creo que se trate de una trama, pero lo que sí ha habido es una actuación coordinada, según se ha publicado sin que se haya desmentido, que parte de la interposición de la querella contra Mario Conde por Aranda y Florentino Ortí, dos fiscales que ya están fuera de la Audiencia Nacional.

P. ¿Tiene remedios la UPF para la Audiencia Nacional?

R. Creo que sí. La primera discusión es si debe disolverse o no. Dando por hecho que la queremos mantener habría que incrementar los juzgados de instrucción. El fenómeno de los jueces estrella Se produce, con independencia de actuaciones personales, por la concentración de poder. Mientras la fiscalía ha triplicado sus efectivos, los jueces centrales de instrucción sólo han pasado de cinco a seis. El principal problema de la Audiencia Nacional es el atasco monumental, que origina una deficiente instrucción. De hecho, la instrucción la realizan los fiscales, excepto cuando los jueces tienen interés en reservarse el caso. Un ejemplo de instrucción fiscal asumida por el juez ha sido la de los 200.000 millones de Hacienda, archivada por el juez Baltasar Garzón a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

P. Por cierto, ¿cree que sena positivo atribuir legal y definitivamente al fiscal la instrucción de los delitos?

R. No, en absoluto, mientras no se garantice la imparcialidad del fiscal en el ejercicio de sus funciones. Es el modelo hacia el que camina Europa, pero exige una imparcialidad garantizada, que en este momento no existe.

P. ¿Comparte estos criterios la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF), que también tiene recurrido el ascenso de Fungairiño?

R. Desde la llegada del PP al poder ha sido tan clara la intención gubernamental de instrumentalizar la institución, que la AF, que ha podido actuar con sectarismo en cuestiones domésticas, ha tenido pronunciamientos muy claros y comprometidos de cara a la defensa de la imparcialidad de la institución frente al exterior y al poder político. Concretamente, el portavoz de la AF, Miguel Colmenero, ha asumido un compromiso democrático inequívoco y ha tenido la honestidad personal de no aprovechar la crisis para obtener la jefatura en la Audiencia Nacional, una vez que no sé le garantizó libertad de actuación en una fiscalía dominada por los indomables.