El PP y los nacionalistas pactan que la cesión de suelo a los municipios sea el 10% como máximo

El PP y sus socios nacionalistas desbloquearon ayer en el Congreso el proyecto de ley del Suelo, con la presentación de 18 enmiendas transaccionales en el debate en comisión del texto. Una de las reformas que introduce el nuevo articulado es que la cesión obligatoria de terreno a los ayuntamientos estará en la horquilla del 0% al 10%, aunque cada comunidad deberá decidir si el terreno cedido debe estar urbanizado. El PSOE, que no fue invitado a las conversaciones de última hora, considera que "esta ley nace con mal pie, pues hubiera necesitado mayor consenso".

El proyecto de ley del Suelo entra en la recta final de su tramitación parlamentaria con el camino despejado, pero deja do tras de sí una gran polvareda política.Ayer, el Partido Popular (PP) y sus aliados nacionalistas Convergència i Unió (CiU), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC) se presentaron en la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados con un bloque de 18 enmiendas transaccionales que transforman sustancialmente el texto enviado por el Gobierno a la Cortes y lo dejan prácticamente cerrado. Le resta confirmar estas enmiendas en el pleno del Congreso, pasar por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y retornar a la Cámara Baja para su ratificación final. Los aspectos básicos del texto reformado son:

Cesión de suelo. Uno de los aspectos más controvertidos a lo largo del debate de la reforma de la legislación sobre suelo ha sido determinar qué porcentaje del terreno sobre el que se va construir se cede obligatoriamente a los ayuntamientos. La legisilación elaborada por el Gobierno socialista fijaba en el 15% esa cesión obligatoria, lo que fue rebajado al 10% por el PP. Sin embargo, ambas normas saltaron por los aires el 20 de marzo de 1997, debido a una sentencia del Tribunal Constitucional, que invalidaba casi 300 artículos del conjunto de la legislación existente sobre el suelo.

El Constitucional defiende que las comunidades autónomas tengan libertad para establecer sus normativas respecto al suelo y deja al Estado la posibilidad de establecer un marco general. En el caso concreto de la cesión de suelo, el Tribunal Constitucional se opone a que el Estado fije un porcentaje concreto. No obstante, la sentencia deja la puerta abierta a que pueda determinar un máximo de cesión de suelo.

Aprovechando el vacío legal que provocó la sentencia, y que pretende cubrir en parte el proyecto de ley que se está tramitando en las Cortes, varias comunidades comenzaron a legislar sobre la base dé las polémicas sentencias. Las controladas por el PSOE (Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura) y el País Vasco optaron por el 15%. Las presididas por el PP, por el 10%. Cataluña, cuya ley es anterior, también recoge el 10%.

El proyecto original del Gobierno fijaba una horquilla entre el 0% y el 10% de cesión obligatoria de terreno sin urbanizar, extremo al que, en un principio, se opusieron PSOE, PNV, CC, IU, Grupo Mixto y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La mayor parte de ellos defendía que la horquilla fuese del 0% al 15% o del 5% al 15%, según los casos.

Finalmente, el PP y dos de sus socios nacionalistas (en este extremo el PNV se abstuvo) eligieron mantener la horquilla del 0% al 10%, para que cada comunidad autónoma elija. Pero con un caramelo para la FEMP. Será potestad de cada comunidad establecer si el terreno se cede ya urbanizado o no. Para los ayuntamientos, en muchos casos es mejor (más barato) que le cedan un 10% de un suelo urbanizado que un 15% de suelo sin urbanizar.

Riesgos de inundación. Una de las pocas enmiendas transaccionales que apoyó el PSOE es la que introduce en la ley la prohibición de urbanizar en suelos que presenten "riesgos naturales, contemplados en el planteamiento sectorial". Con esta enmienda se pretende evitar que se repitan desastres como el reciente de Badajoz.

Menor liberalización. El texto pactado da a las autoridades locales y autonómicas una mayor capacidad de intervención para definir lo que considera suelo no urbanizable.

Valoración. El valor de una determinada parcela no se fijará sólo por comparación con el precio de fincas análogas. Las enmiendas transaccionales introducen otros criterios, como los valores catastrales.

Agente urbanizador. La futura ley no deja en manos de la iniciativa privada la potestad única para urbanizar. La Administración puede intervenir con el agente urbanizador.