El Gobierno liberaliza el servicio de Correos que prevé subidas del 66% en las tarifas urbanas

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de la nueva ley Postal, cuyo propósito es liberalizar la prestación de los servicios de Correos, definir un marco jurídico estable para el sector e incorporar el proyecto de directiva del Parlamento Europeo que deberá entrar en vigor en 1998. El proyecto prevé, entre otras cosas, la equiparación de las tarifas urbanas e interurbanas, de forma que las primeras subirán un 66% (de 21 pesetas a 35 pesetas). Las asociaciones de consumidores y el sindicato CC OO mostraron ayer su apoyo al proyecto del Gobierno.

No obstante, tanto las organizaciones de consumidores (OCU y CECU), como el sindicato, advirtieron que las subidas de precios deberán ir acompañadas de mejoras en el servicio.El proyecto de ley trata de regular lo que se conoce como servicio postal universal, que incluye los servicios de giro postal; los servicios postales nacionales e internacionales de cartas o tarjetas de hasta dos kilos y los paquetes de hasta 10 kilos y los servicios accesorios de certificado y valor declarado.

Dentro de esa definición, el operador público, Correos (65.000 empleados y pérdidas de 24.000 millones, excluidas subvenciones, en 1996) se reserva:

Servicios postales interurbanos: Correos mantiene los servicios postales interurbanos de menos de 350 gramos de peso y transfronterizos.

Apartados postales: el operador público se reserva el derecho a su establecimiento, siempre que no incorporen servicios liberalizados.

Sellos: Correos mantiene el derecho exclusivo a utilizarlos. Ese derecho se extiende a otros signos sustitutivos del franqueo y la distribución.

Giros: el organismo público prestará este servicio en exclusiva.

Signos: la denominación "Correos" sólo podrá ser utilizada por este organismo.

Tarifas: el Gobierno fijará con carácter único los precios para los servicios reservados.

Todos los demás servicios, incluso algunos de los englobados en el concepto de servicio postal universal, se prestarán en régimen de libre competencia con libertad de tarifas. Este régimen, al que podrán acogerse las empresas que sean autorizadas, afectará a:

Servicios urbanos: cartas y tarjetas postales en este ámbito.

Servicios interurbanos: cartas y tarjetas postales siempre que superen los 350 gramos.

Paquetes postales: siempre que superen los 10 kilos de peso.

La plena liberalización de los servicios que podrán prestarse en régimen de libre concurrencia afecta a:

Servicios postales urgentes y publicorreo.

Servicios de paquetería, cartas y tarjetas en el interior de las ciudades que excedan del peso previsto para su consideración como servicio universal.

Las organizaciones de consumidores OCU y CECU manifestaron ayer que aprueban la subida de tarifas prevista (de 21 a 35 pesetas en los servicios urbanos y de 32 a 35 pesetas en los servicios interurbanos), si bien ligaron ese apoyo al aumento en la calidad en el servicio.

Por su parte, el sindicato CC OO, que calificó el proyecto de "importante avance en la regulación del sector postal" solicitó al Gobierno algún gesto político que propicie un acuerdo con las centrales para asegurarla financiación de Correos y las inversiones suficientes para modernizar y actualizar el sistema tarifario.

En opinión del sindicato, no obstante, la ley por sí sola no asegura la viabilidad de este organismo y reitera que las tarifas españolas están desfasadas en relación a Europa, además de que no se ajustan a los costes.

Rafael Arias Salgado, ministro de Fomento, se reunió ayer con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, para discutir cómo mejorar el servicio postal.