La juez confirma la paralización de las obras del trasvase Picadas-Toledo

Ni a la de tres. El juzgado número 2 de Navalcarnero se ha opuesto por tercera vez a que continúen las obras del trasvase Picadas-Toledo: una obra de 8.000 millones de pesetas que está destinada a asegurar el suministro de la comarca toledana de La Sagra. El juzgado, que paralizó las obras el 9 octubre por la comisión de un posible delito ecológico, y que ratificó su decisión diez días después, ha rechazado un nuevo recurso de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Lo califica de "inconsistente".

La juez considera en su nuevo auto que el abogado del Estado que representa a la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha presentado unos argumentos inconsistentes e insuficientes, para que se pueda levantar la paralización. El juzgado paró las obras porque existían "indicios racionales de criminalidad" y los trabajos no se ajustaban "a las normas protectoras del medio ambiente". Según la juez, el recurso de la Confederación no ha conseguido rebatir ambos argumentos.El trasvase Picadas-Toledo atraviesa una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), área que se encuentra bajo tutela de la UE. Cualquier gran infraestructura que se realice en ella requiere un informe favorable de sus expertos.

Según la juez que instruye la causa, abierta a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente y de uno de los propietarios del terreno por donde pasa la tubería, los abogados de la Confederación no han sido capaces tampoco de cuantificar los "daños que provoca la paralización de las obras". Ante esta situación, su señoría recuerda al Ministerio de Medio Ambiente que puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial; y que ella, como instructora del caso, continuará con sus pesquisas. De esta manera, la juez tiene ya las manos libres para analizar a fondo la posible "comisión en firme de delito imputado".

El juzgado paró hace dos meses "de forma cautelar y urgente" las obras. Argumentó que los trabajos causaban un "gran impacto al medio ambiente" ya que la tubería, de 1,2 metros de diámetro y 22 kilómetros de longitud, atravesaba la ZEPA de los ríos Alberche y Cofio. En ella habitan diversas especies protegidas como el águila imperial o los murciélagos de herradura.

La gran sequía

La construcción de esta tubería data de principios de los años noventa, cuando una fuerte sequía se cebó sobre el centro peninsular. Los pantanos registraron niveles desconocidos. En 1993, la Confederación Hidrográfica elaboró un proyecto para unir el embalse madrileño de Picadas con la provincia de Toledo. El Gobierno central, el 4 de agosto de 1995, declaró la obra de urgencia. De esta manera, no era necesario, según la Confederación, el correspondiente estudio de impacto ambiental, trámite administrativo cuya elaboración podría alargarse años. Las obras comenzaron a principios de 1996, uno de los años más lluviosos del siglo.En julio de este año, la Comunidad, con la sequía ya acabada, reclama a la Confederación el informe de impacto ambiental. Sus responsables, lógicamente, no lo pueden mostrar. La Fiscalía de Medio Ambiente se les echa encima y les denuncia. La juez, finalmente, da la razón a la fiscalía.

Y da un argumento de peso: la Confederación realizó un primer proyecto del trasvase. Cuando se lo dio a conocer a la Comunidad, ésta realizó un estudio de impacto ambiental, que fue negativo y recomendó otro trazado. La Confederación cambió de proyecto, pero se negó a un segundo estudio de impacto ambiental. La juez estudia si eso es delito.