La fiscalía recurre la condena por torturas a tres guardias civiles
La Fiscalía de la Audiencia de Bilbao ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia que condenó a tres guardias civiles a cuatro años, dos meses y un día de prisión, y seis años y un día de inhabilitación especial por torturar al etarra Kepa Urra. La Fiscalía entiende que el fallo "aplica dos veces el mismo concepto de tortura agravando dos veces la conducta de los penados y además resulta injusta por la gran desproporción existente entre el hecho y la pena", informa Vasco Press, que cita fuentes del Ministerio Público.También han anunciado un recurso ante el alto tribunal la defensa de los tres agentes -que responden a las iniciales M. S. C., J. M. C. C. y A. L. G- y la acusación. La defensa mantiene la inocencia de sus clientes y la acusación reclama la condena de otros tres miembros del instituto armado que fueron absueltos en primera instancia.
La sentencia afirma que las lesiones a Kepa Urra que se pueden calificar de tortura se realizaron con la finalidad de obtener una confesión y, según el art. 582.1 del antiguo Código Penal, son constitutivas de falta. Pero además, según el escrito de la Fiscalía, la magistrada ponente, Olatz Aizpirua, deriva de la falta de lesiones de dicho artículo a un delito de torturas de otro artículo del antiguo Código. Esta derivación es para la Fiscalía "una doble aplicación del delito de torturas". La Fiscalía, para cubrir todo el campo posible del recurso, añade que en la condena "existe una desproporción total entre la falta cometida y la pena que resulta de la derivación realizada".
Por otra parte, el Departamento de Interior del Gobierno vasco se ha personado como acusación particular en la causa judicial abierta por los incidentes registrados durante una manifestación de HB el 15 de febrero pasado en Bilbao en la que varios agentes de la Ertzaintza tuvieron que utilizar sus armas al verse acorralados por un grupo de manifestantes violentos. Interior ha optado por personarse como acusación particular para poder seguir impulsando las diligencias encaminadas a demostrar la inocencia de uno de los ertzainas, a quien un juez de Bilbao abrió un procedimiento por un supuesto delito de imprudencia grave con resultado de lesiones.
