La Junta debe pagar 1.500 millones a una empresa a la que denegó extraer plata
El Tribunal Supremo ha obligado a la Junta de Andalucía a pagar unos 1.500 millones de pesetas a la empresa Charter Explotaciones S. A. (Cesa) por impedir a esta compañía que iniciase, en 1988, la explotación de óxido de plata en Fuenteheridos (Huelva). Este Ayuntamiento y la Consejería de Industria habían dado el visto bueno a la explotación minera, pero la negativa de la Consejería de Obras Públicas, de la que era titular Jaime Montaner, impidió que el proyecto pudiese realizarse.El 23 de enero de 1987, Cesa adquirió a Promotora Internacional de Minería S. A. (Pimsa) unos permisos de investigación en varias zonas de la Sierra de Aracena, que incluían una finca rústica de cinco hectáresas. En sus investigaciones, y "tras realizar cuantiosas inversiones", dice el fallo, Cesa descubrió reservas suficientes para conseguir beneficios.
En diciembre de 1988, el consejero de Obras Públicas, Jaime Montaner, rechaza que la Junta tenga que responder patrimonialmente a las inversiones que había hecho Cesa.
El Supremo sostiene que tal acto "no es conforme a derecho" y añade: En consecuencia, lo anulamos, al mismo tiempo que declaramos la responsabilidad patrimonial de la Administración por dicha denegación y la obligación que tiene de indemnizar" a Cesa.
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