Los peritos certifican la ilegalidad de la gasolinera siniestrada

Dos peritos de la Comunidad subrayaron ayer ante la fiscalía de Medio Ambiente que la gasolinera siniestrada en la calle del Doctor Esquerdo el pasado día 8 "nunca debió entrar en funcionamiento" tras, su reforma. Adujeron dos motivos: sus instalaciones carecían de la preceptiva autorización de reapertura y, además, le faltaban los obligados certificados de seguridad en sus conducciones de combustible. La fiscalía, ha iniciado diligencias por una presunta negligencia con resultado de lesiones graves.

Los dos técnicos, adscritos a la Dirección General de Industria de la Comunidad, testificaron durante dos horas, ante el fiscal responsable de Medio Ambiente, Emilio Valerio, Los técnicos ratificaron ante Valerio un informe que revela el ilegal funcionamiento de este surtidor, situado en el número 138 de la: calle del Doctor Esquerdo, según fuentes cercanas al Gobierno regional. Este informe oficial contradice al alcalde José María Álvarez del Manzano, quien, días después de la explosión, declaró que el funcionamiento del surtidor se ajustaba a la legalidad. El alcalde fue todavía más allá al asegurar que las exigencias que impone el municipio a las estaciones de servicio "están muy por encima de lo normal". La deflagración del siniestro ocasionó tres heridos, dos de ellos con quemaduras graves. El informe pericial, que ya obra en poder del fiscal Valerio, viene a decir que el deficiente sellado de los conductos de. la gasolinera originó una atmósfera tóxica. Y que esos gases, más pesados que el aire, llegaron, a través de los conductos, hasta la arqueta del cableado, y desde allí, hasta el cuadro eléctrico, situado en el sótano. Luego, un chispazo en el compresor del aire provocó la gran deflagración y consiguiente explosión. A ello se unió un posible error humano: estaba cerrada la válvula que debía liberar al exterior esos gases. La investigación abierta al respecto por la fiscalía se está tramitando, de momento, por un presunto delito de negligencia con resultados de lesiones graves. Lo lógico ahora, según fuentes jurídicas, es que la fiscalía interrogue a los dueños del surtidor.El consejero de Economía, Luis Blázquez, de quien depende la Dirección General de Industria, ya había , anunciado tras el siniestro que él surtidor carecía del preceptivo permiso para funcionar. Indicó que sus instalaciones, recién reformadas, no habían sido sometidas a los pertinentes y obligados controles de seguridad, tal como ayer indicaron los peritos. Estos controles, , imprescindibles para que funcione un surtidor de acuerdo con la legalidad, los realizan empresas privadas, que deben comprobar entre otras cosas, el sellado y compactación de los tanques de combustible. Efectuado ese control, el informe resultante tiene que ser remitido por los dueños de la gasolinera a Industria, la instancia que, a la vista de esos informes, debe decidir si otorga o no la autorización de funcionamiento.