La fiscalía pone condiciones para la reanudación del trasvase a Toledo

La Fiscalía de Medio Ambiente ha hecho un gesto de buena voluntad. Este organismo judicial se ha mostrado favorable a la reanudación de las obras del trasvase Picadas-Toledo, que están paralizadas por orden judicial desde el mes pasado a petición de la propia fiscalía. Pero pone condiciones: no se opondrá a la reanudación de las labores de construcción de la tubería si se realiza una declaración de impacto ambiental, la Consejería de Medio Ambiente da su "acuerdo motivado" o el Consejo de Ministros elabora una ley específica que permita continuar las obras. La fiscalía está a la espera de que la juez de Navalcarnero que ha paralizado las obras determine si acepta o no sus condiciones.

La fiscalía ha reclamado también información sobre los "riesgos de abastecimiento" que para Madrid y Castilla y León puede suponer este trasvase y la necesidad que las comarcas toledanas de la Sagra baja y la Sagra alta (las que se benefician del trasvase) tienen de este agua.

La Confederación Hidrográfica del Tajo comenzó las obras en 1996. La conducción no cuenta con informe de impacto ambiental porque el Consejo de Ministros la declaró de "urgencia". La fiscalía y la Comunidad de Madrid creen que sí le hace falta. La juez paró las obras en octubre.