Solicitados 32 años de cárcel para el ex jefe de la Guardia Civil y 3.500 millones de multa

El fiscal Alejandro Luzón elevó ayer a definitiva su petición de condena para Luis Roldán. Ésta es de 32 años de cárcel y 29 de in habilitación, así como de más de 3.500 millones de pesetas de multa. Se le imputan los delitos de malversación de caudales públicos, estafa, cohecho, falsedad y cinco contra la Hacienda Pública. El de prevaricación se ha subsumido en el de cohecho. Salvo ligeras modificaciones en la cuota del fraude fiscal, la calificación presentada es similar a la provisional.Para Jorge Esparza, ex director comercial de Huarte, pide 15 años de cárcel y 16 de inhabilitación junto a más de 1.600 millones de pesetas de multa por malversación, estafa, cohecho y falsedad; para Blanca Rodríguez Porto, la esposa de Roldán, cinco años de prisión, 200 millones de multa y una indemnización a Hacienda de 88,4 millones por los delitos de encubrimiento y contra la Hacienda Pública; para Elisa Rodríguez, ex compañera sentimental del director de la Guardia Civil, tres años, siete de inhabilitación y 25 millones de multa por cohecho; para el general Manuel Llaneras, seis meses y 4.250 millones de multa por prevaricación y un delito continuado de tráfico de influencias; para Jorge Prieto Pardina, tres años por cohecho; para el constructor José Herminio Lastra, tres años y 25 millones de multa por cohecho, y para Agustín Blázquez, la misma pena que para Rodríguez y por el mismo delito.

Luis Gayo, abogado del Estado, elevó las penas respecto a sus sus conclusiones provisionales. Así, pide para Roldán 34 años y cuatro meses de cárcel al considerarle cooperador necesario de un delito contra Hacienda de su mujer, el cual está penado con dos años y cuatro meses. Para ella solicita diez años: tres son por encubrimiento y siete por delitos contra Hacienda.Marcos García Montes, el letrado de la acusación popular, retiró a la esposa de Roldán el delito contra Hacienda y mantuvo el de encubrimiento.

Eugenio Rubio, el abogado de Roldán, pidió su libre absolución y denunció la forma en que se incorporó al sumario la comisión rogatoria suiza. En su opinión, su cliente ha resultado perjudicado por condicionamientos "político-sociales" y su "falta de medios económicos" ha limitado sus posibilidades de defensa.

El letrado pidió que se deduzca testimonio contra los policías Rafael Bermejo, José Antonio Gónzalez, Miguel Ángel Alonso y Maximiliano García por un presunto delito de denegación de auxilio a la Justicia al negarse a contestar en el juicio a varias preguntas, así como a Francisco Gómez, coordinador de la secretaría de Ramón Rubial, el presidente del PSOE, "por faltar a la verdad al decir que nunca trabajó para la financiación de ese partido".