La OTAN y Gibraltar

La doctrina de la OTAN siempre estuvo basada en, la disuasión. Para disuadir eficazmente era necesario ser creíble, y la- credibilidad exigía una compleja organización ordenada en tomo a un esquema, conocido como la estructura militar integrada. La incorporación de un nuevo miembro abría un delicado capítulo. El candidato sometía a examen el valor de su aportación al dispositivo aliado y, sobre todo, su encaje dentro de los límites geográficos de los mandos. En 1982 España atravesó ese proceso, y ya entonces un vicemanscal británico agregado al mando de Saceur esgrimió las restricciones sobre Gibraltar; pero la respuesta española fue inequívoca, aun a sabiendas de que ello suponía abrir un debate que podía torcer el trayecto hacia la integración. ¿Qué ha quedado de aquella OTAN? Poco de su doctrina, pero mucho de su estructura. De su doctrina ha permanecido la idea de la seguridad solidaria o colectiva. Como bien señala Carlos Alonso Zaldívar: "Casi 50 años viviendo bajo la amenaza nuclear han arraigado la convicción de que la seguridad, para ser estable, necesita ser compartida". Y ello constituye la base conceptual de la ampliación.

Sin embargo, la OTAN ha mantenido con retoques su antiguo formato. La disputa de los mandos estratégicos ya regionales por delimitar sus terrenos ha terminado por dominarlo todo. El espectador, que asiste un tanto perplejo a la controversia, termina sospechando que lo que se ventila en esos reinos de Taifas sobre el mapa aliado es el reparto y asignación de parcelas de influencia, cuya distribución responde más a motivos de proyección de poder político y prestigio militar que a una lógica operativa; sobre todo, cuando las nuevas formas de disuasión probablemente no exijan un organigrama de mandos tan complejo.

Y en ese río revuelto Londres hace valer sus reclamaciones gibraltareñas. La tesis británica -aunque formulada en otros términos- quiere convencemos de que, desaparecida Gibraltar-Mediterranean (Gibmed), la contribución de Gibraltar y sus tropas a la defensa aliada se ve mermada por las restricciones que impone España. La teoría ignora, sin embargo, muchas realidades. Gibmed ha sido un centro de coordinación de comunicaciones aliado, con jurisdicción sobre los accesos oriental y occidental del Estrecho; pero nunca fue el mando del Peñón ni el de las fuerzas británicas de su guarnición. Gibraltar era una cosa y Gibmed otra: ésta se situaba en el contexto aliado; Gibraltar, en el colonial. Independientemente de este matiz -que en el sutil esquema de mandos tenía su importancia-, la existencia de Gibmed no facilitó en el pasado nuestra relación con la Alianza. Sin embargo, a partir de la aprobación del Decálogo para una política de paz y seguridad en 1985, se adoptó una posición de carácter práctico" manifestada en el acuerdo implícito de no usar la Alianza para contenciosos bilaterales.

Gibraltar era distinto.. Nunca fue una "base de la OTAN". Existía una guarnición en su territorio, pero pertenecía a lo que se denominaba en la jerga de la Alianza "fuerzas nacionales" es decir unidades no asignadas al desempeño de misiones OTAN. Eran fuerzas británicas en una base británica y, a medida que aumentó, su coste, Londres fue reduciéndolas, sin requerir el visto bueno aliado y sin que Gibmed se resintiese. Con la supresión de Gibimed, Gibraltar será aún más colonial y menos aliado que antes, y ello incíde sobre las restricciones aéreas y navales.En Derecho Privado se le negaría al Reino Unido la buena fe y el justo título en la adquisición del itsmo. Pero el Derecho Internacional es otra cosa. Ni el Reino Unido reconoce los derechos de España sobre el itsmo ni España que la ocupación haya hecho al Reino Unido adquirir la soberanía.La respuesta española consiste. en disputar esa posesión negándole su ejercicio. Ese es el origen de las restricciones aéreas, que Londres ha tratado siempre de neutralizar. En 1985 se abrieron conversaciones, orientadas a la liberalización del tráfico aéreo, exigido por la entrada en vigor del Acta Unica Europea. El diálogo se concretó en un compromiso sobre el aeropuerto, que representó un delicado equilibrio. El acuerdo, recogido en la Declaración de Londres de 2 de diciembre de 1987, neutralizaba el problema de la soberanía. Reconocía la controversia, pero la congelaba, y declaraba formalmente que el uso compartido del aeropuerto no afectaba a las posturas de los interlocutores. Las autoridades de Gibraltar lo rechazaron y el Reino Unido no lo aplicó. A la vista de ello, las soluciones que no se traduzcan en posiciones similares a las del Acuerdo de 1987 terminarán convalidando la presencia británica en el territorio ocupado. Las restricciones navales responden a una posición de principio que dificilmente podrá soslayarse, manifestando que ello no afecta a nuestras reivindicaciones sin contradecir la doctrina mantenida a lo largo de muchos años, aunque siempre puede recurrirse, a imaginativos ejercicios de logomaquia. Además, la base naval suscita otras preocupaciones motivadas por las escalas y reparaciones de los submarinos de propulsión de alguno de los aliados comunes, que el Parlamento nunca ha visto con buenos ojos. Negociar mayores facilidades equivaldría a consentirlas.

"No hay ningún otro compromiso -señalaba el ministro de Exteriores- salvo la disponibilidad de que España se integre en la estructura militar integrada, si esa estructura nos satisface. España no tiene ninguna prisa". Efectivamente, España tiene el derecho a completar su integración, pero no se entendería que lo hiciera pagando peajes que históricamente nunca ha aceptado. Los envites de este tipo ya se contestaron en su día, durante las conversaciones para la integración con el Gobierno de UCI) y, más tarde, con el del PSOE. Convendría que los británicos consultasen sus archivos. Y los españoles, los nuestros.