El Defensor del Pueblo no quiere que el Ejecutivo vigile a las televisiones

El defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, insistió ayer en la urgente necesidad de crear una "autoridad u organismo independiente, no integrado ni directa ni indirectamente en el Ejecutivo", que supervise los contenidos de la programación televisiva. Álvarez de Miranda se separa así de los planes del Ministerio de Fomento, regido por Rafael Arias-Salgado, que atribuyen el poder de vigilar las programaciones de televisión a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, un órgano cuyos miembros están nombrados todos por el Gobierno.

Álvarez de Miranda recibió ayer a Lluis de Carreras, presidente del Consell de L'Audiovistial de Catalunya. Tras el encuentro, la Oficina del Defensor -del Pueblo enfatizó la posición de su titular respecto a quién debe tener el poder de vigilar - las programaciones de televisión: "una autoridad u organismo independiente".La postura del Defensor del Pueblo ya fue manifestada a las Cortes en su informe anual de 1996. Sin embargo, los primeros pasos dados por el Gobierno no caminan en la-dirección apunta da por Álvarez de Miranda. Aprovechando la trasposición de la directiva comunitaria de Televisión sin Fronteras, que España tiene pendiente tras la aprobación de la misma el 30 de junio pasado, el ministerio de Fomento ha preparado un ante proyecto de ley en el.que introduce un "Comité de Medios Audiovisuales" dentro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Y le atribuye, entre otras, estas competencias:

-"Salvaguardar" que en las emisiones audiovisuales no se violen "los derechos fundamentales", en especial los reconocidos constitucionalmente a la juventud y a la infancia.

-"Vigilar" el cumplimiento de las normas sobre publicidad en los medios audiovisuales.

-"Coordinar", en el seno de la comisión nombrada desde el Gobierno, "los criterios que las distintas Administraciones aplican en el cumplimiento de la normativa reguladora de contenidos en materia audiovisual".

El texto de ese proyecto de trasposición de la directiva comunitaria autoriza al Comité de Medios Audiovisuales a requerir datos a las empresas de televisión; y obliga a estas últimas a archivar todos los programas emitidos -incluidas las interrupciones comerciales- durante seis meses-.

Siempre según el texto preparado por Fomento, el instrumento de trabajo del comité de vigilancia televisiva será la Inspección de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento.