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Tribuna:

España: el desafío de la modernidad

La imagen de España -y, por tanto, las interpretaciones de su historia- ha variado sustancialmente a lo largo de los años en razón de la misma evolución política, cultural y económica del país, y al hilo también, como es lógico, del propio debate historiográfico. Estereotipos (la imagen romántica), crisis históricas (el desastre del 98, la guerra civil de 1936-1939, el franquismo), frases afortunadas (oligarquía y caciquismo) o interpretaciones historiográficas (fracaso de la revolución burguesa, fracaso de la revolución industrial) pondrían el énfasis en el dramatismo de determinadas manifestaciones de la vida colectiva y conducirían a una visión extremadamente pesimista y crítica de la España contemporánea: España como problema; España, país dramático; España como fracaso. Todo ello integra lo que podríamos denominar la excepcionalidad española.Puede, sin embargo, defenderse con mucho mayor rigor una visión muy distinta: dicho con toda rotundidad, no admitir la misma idea de excepcionalidad española. En otras palabras, considerar a España como un "país normal". Ello no significa minimizar la gravedad de los problemas españoles en la historía: es demasiado obvio que el país no tuvo una evolución tranquila en los siglos XIX y XX, y que no se exagera cuando se interpretan algunos acontecimientos de ese pasado (y, ante todo, la guerra civil de 1936-1939) como tragedias o como naufragios o, en palabras menos enfáticas, como fracasos colectivos. Pero junto a ellos hubo también otras realidades: construcción del Estado, avances en la administración y el derecho, aprobación de códigos legales, organización de un sistema judicial independiente, aumento de la urbanización, articulación de la sociedad civil, y formas de vida y cultura modernas. Sin tomar en consideración estas otras realidades, entender cómo la sociedad, española ha logrado alcanzar su posición actual se convierte en un juego de prestidigitación.

Lo anterior es igualmente válido para la evolución económica. La ausencia en España de un proceso de industrialización durante el siglo XIX no es un elemento de excepcionalidad. La mayor parte de los países del Viejo Continente quedaron fuera del mismo. Y a pesar de los claros límites en la modificación estructural de la economía durante la centuria pasada, en la actual, los españoles han conseguido transformarla radicalmente incorporándose al limitado grupo de las sociedades desarrolladas, un resultado infrecuente en la historia económica del siglo XX. La equiparación en los niveles de renta por habitante con los existentes en los países más avanzados es, todavía hoy, un proceso inacabado, y ha demostrado estar plagado de dificultades. Pero aun con ello, considerada globalmente, la trayectoria durante la época contemporánea constituye, sin ignorar la gravedad de las dificultades que se plantearon, un resultado muy alejado de una ininterrumpida sucesión de fracasos.

Existen muchas razones para explicar esta evolución de la economía, distinta a la experimentada por los países más avanzados. Ninguna de ellas, sin embargo, debe buscarse en una particular forma de ser de los españoles que los haría menos predispuestos al trabajo, ni en unas diferencias en los parámetros centrales de su comportamiento económico respecto al resto de los europeos. Las causas deben buscarse en otro lado. Por mencionar sólo algunas, en el escaso empuje de los incentivos favorables a la inversión y la innovación ante la inestabilidad del marco institucional; en unos derechos de propiedad discriminatorios para quienes reinvertían los beneficios en el proceso de producción; en la escasa atención dedicada a la cualificación del trabajo; en las desventajas derivadas de una orografía, calidad de la tierra, climatología o posición geográfica poco favorables, o en la ausencia de recursos naturales, como car-, bón de calidad y agua, fundamentales para el crecimiento hasta bien entrado el siglo XX.

Tomada en su conjunto, pues, la historia de España durante los siglos XIX y XX, dista mucho de ser la historia de un fracaso. Por debajo de la conflictividad política y social, hubo, al menos desde mediados del siglo XIX, una revolución tranquila y lenta que, con las limitaciones que se quiera, fue cambiando el país, su economía, el Estado, las regiones. Además, lo sucedido en ella no fue inevitable: los hechos, las cosas -pronunciamientos militares, partidos, elecciones, el 98, Marruecos, hasta las mismas guerras civiles-, pudieron haber sido casi siempre de otra manera. Baste un solo ejemplo. El golpe de Primo de Rivera del 13 de septiembre de 1923 cambió el curso de la historia española. La dictadura militar trajo la República, y la República, la guerra civil de 1936-1939. De no haberse producido el golpe, o de haber fracasado -lo que, por lo que sabemos, pudo perfectamente haber sucedido-, todo habría sido distinto. De ahí que Raymond Carr, por ejemplo, lo considere como el hecho más determinante de todo el siglo XX español.

También la economía ofrece ejemplos numerosos de ello. Quizá ninguno más claro que las decisiones adoptadas durante el franquismo. La instauración de un Estado Nuevo basado en los denominados ideales del 18 de julio tras la guerra civil supuso una, abrupta y decisiva ruptura histórica. Las repercusiones económicas fueron tan negativas como destacadas, al pretender lograr la autosuficiencia frente al exterior, y aspirar también a sustituir los precios de mercado por los decididos en los despachos de la Administración. En el corto plazo, la política económica del franquismo dejó a España fuera de la primera fase del milagro económico europeo, condujo a la etapa de estancamiento económico más prolongada del siglo XX y sumió a buena parte de los españoles en el hambre y la miseria. En el largo plazo, la discrecionalidad de las autoridades, cuando no la pura arbitrariedad, aumentó considerablemente el peso de las actividades no competitivas, y, sobre todo, modificó profundamente las pautas de comportamiento de los agentes económicos, consolidando como elementos relevantes de la actuación de no pocos la especulación, el tráfico de influencias -disfrazado bajo justificaciones ideológicas- y, en bastantes ocasiones, la corrupción.

En el siglo XIX, España perdió su imperio ultramarino: la que había sido poderosa monarquía católica de los Habsburgo pasó a ser, de esa forma, una modesta nación con escasa influencia en el mundo. Desde entonces, España buscaría una nueva identidad colectiva, preocupación que tuvo su expresión en el debate (por ejemplo, tras el 98) sobre el problema de España como nación y su relación con Europa. Europa, desde la perspectiva española, significó construcción de un Estado liberal y eficaz y de una economía próspera y estable. Los logros frente a ambos retos, vista la cuestión en una perspectiva de largo plazo, no han sido escasos. Dicho de otro modo, el desafío de la modernidad no se ha saldado, en modo alguno, con un fracaso.

Juan Pablo Fusi es catedrático de Historia de la Universidad Complutense. Jordi Palafox es catedrático de Historía Económica de la Universidad de Valencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de noviembre de 1997