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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Error turco

DE LLEVARSE a término, la ilegalización de los islamistas en Turquía -en virtud del proceso iniciado por el Tribunal Constitucional- podría repetir un error que ha llevado a Argelia al caos actual. Pese a que las condiciones son diferentes, cabe aplicar una analogía: la expulsión de los fundamentalistas no reduce necesariamente su influencia y, en cambio, crea las condiciones para su radicalización.La apertura de este proceso, que puede durar hasta finales de año, contra el Partido del Bienestar y su dirigente Necmettin Erbakan es iniciativa del fiscal general. Erbakan ha dispuesto de una semana para preparar sus alegaciones. Se le acusa de defender una concepción religiosa de la vida política en un país donde el Ejército es garantía de la laicidad oficial implantada en 1923 por Mustafá Kemal Ataturk. Pero la laicidad del Estado no puede esconder la creciente islamización de la sociedad ni el verdadero temor que se esconde tras estas actuaciones judiciales: que el Partido del Bienestar, el más votado en las elecciones de diciembre de 1995 (con el 21% de los sufragios), crezca aún más en las próximas.

Los islamistas han sido ilegalizados por dos veces desde 1971, sin gran resultado. El voto islámico representa una realidad que se podría suprimir artificialmente del Parlamento (una vez que los militares han logrado forzar la salida de Erbakan del Gobierno de coalición), pero es poco probable que desaparezca de la sociedad. Ilegalizar a los islamistas resultaría inútil si éstos fundaran un nuevo partido, y contraproducente si se vieran forzados a una clandestinidad que suele conducir a una mayor radicalización. El Partido del Bienestar no defiende la violencia. Pero tampoco la defendía el FIS antes del golpe de Estado en 1991.

El fundamentalismo puede ser un problema para el mantenimiento del carácter laico del Estado turco y de la orientación prooccidental de su política exterior. Pero la salida no puede ser ilegalizar al primer partido del país; más bien pasa por reafirmar las reglas de juego democráticas y abordar los problemas cuya falta de respuesta -por ejemplo, en materia asistencial- han llevado a su crecimiento. Es deseable que el Tribunal Constitucional actúe con prudencia.

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