¿El suelo para quien no lo urbaniza?
Una vez más, la presentación del proyecto de Ley del Suelo ha demostrado la extraordinaria capacidad del actual Gobierno de hacer llegar a la opinión pública un mensaje absolutamente ajeno a la realidad, ocultando objetivos muy alejados de lo que interesa a la mayoría de la sociedad. En el caso de la reforma de la legislación urbanística, el Gobierno ha vendido, al menos en tres ocasiones, la misma falsa noticia: la liberalización del suelo, como cumplimiento de una de sus promesas electorales y como reforma estructural imprescindible para abaratar la vivienda.A estas alturas nadie puede ya poner en duda que el Decreto Ley de junio de 1996 sobre medidas urgentes de liberalización no ha tenido el más mínimo efecto positivo en el mercado del suelo: por el contrario, se ha provocado una paralización generalizada de las actuaciones urbanísticas -agravada, sin duda, por las expectativas creadas por el propio Gobierno sobre futuras ventajas fiscales y ulteriores reducciones de la cesión obligatoria de suelo a los Ayuntamientos-; y los precios de la vivienda han registrado una tendencia alcista significativamente superior a la registrada por el IPC. Todo ello, unido a la absoluta paralización de la política de vivienda -los préstamos para las viviendas protegidas previstas para este año han comenzado a concederse en septiembre-, da idea de la nula prioridad concedida a la vivienda.
Lo advertimos en junio de 1996 y lo reiteramos ahora, ante un proyecto de ley que reincide en una visión del urbanismo a medida de los propietarios del suelo: liberalizar no es desregular, sino fomentar la libre competencia. En el caso del suelo, que es un bien con una función social definida por la Constitución, la liberalización debe estar -parafraseando el título del último libro de Luciano Parejo- al servicio del interés general de los ciudadanos. El partido socialista apuesta por consolidar el modelo de urbanismo concertado, ya experimentado con éxito en la Comunidad Autónoma de Valencia, en el que los empresarios urbanizadores compiten con los propietarios del suelo a la hora de desarrollar el planeamiento, a través del sistema de concurso que conlleva la selección de la oferta más barata y de mayor calidad. En dicho modelo se mantienen las diferencias entre el derecho de propiedad y el derecho a- urbanizar, que los socialistas entendemos como una función pública mientras que el Gobierno plantea la exclusividad del propietario al derecho a urbanizar, y se genera un dinamismo que ya ha supuesto resultados muy positivos, por crecimiento de la oferta de suelos urbanizados y de la reducción de su coste.
Resulta inconcebible que el Gobierno pretenda hacer aparecer el fortalecimiento de los derechos de los propietarios como elemento de un proceso de liberalización, volviendo a planteamientos anteriores al franquismo que nada tienen que ver con el urbanismo de los países de la UE. En el texto remitido al Parlamento queda nítido que al Gobierno le interesa reducir las obligaciones de los propietarios frente a la Administración y elevar el valor legal de los suelos, generando plusvalías en absoluto justificadas, con cargo al erario público en el supuesto de expropiaciones.
La confusión -intencionada- entre el interés general y los intereses particulares constituye ya un eje evidente de la acción del Gobierno. Sin embargo, la complejidad de las cuestiones urbanísticas dificulta el análisis de las posiciones en esta materia de los diferentes grupos políticos. En síntesis, en el debate parlamentario sobre el proyecto de Ley del Suelo se enfrentan dos concepciones: la defendida por el Gobierno, casi en solitario -ahí están las críticas y enmiendas suscitadas incluso desde dentro del PP y de sus socios nacionalistas-, pretendidamente liberal, y la que defiende, entre otros, el grupo socialista. Nuestra posición pide simplificar y revisar la actual regulación para permitir, de una vez, atacar a fondo la retención especulativa del suelo. En la actual legislación, este objetivo quedaba prácticamente reservado a la intervención pública, vía expropiaciones. Dicho sistema se ha demostrado voluntarista pero poco operativo: la gran mayoría de los ayuntamientos no tienen ni medios económicos ni capacidad de gestión para aprovechar ese marco. Por tanto, resulta oportuno avanzar -desarrollando fórmulas que ya estaban presentes en el Texto Refundido de 1992- de manera que sea la propia iniciativa privada la que actúe contra la retención especulativa del suelo. Es decir, todo lo contrario del principio, implícito en la propuesta de Gobierno, de "el suelo para quien no lo urbaniza"...
