Cien penalistas pide eliminar del Código Penal el delito de provocación a la discriminación y al odio

El Grupo de Estudios de Política Criminal, que integra a más de cien catedráticos y profesores de Derecho Penal, magistrados y fiscales, ha propuesto eliminar el delito de provocación a la discriminación y el odio y ha ofrecido alternativas al tratamiento penal protector de los colectivos socialmente marginados que hace el nuevo Código Penal. Una comisión del grupo propone a los poderes públicos la reforma del Código Penal y otras leyes que afectan a la marginación, en aras de la defensa de la libertad de expresión, la diversidad sociocultural y la tolerancia.

Las propuestas del grupo mencionado arrancan del Manifiesto sobre diversidad cultural y política criminal aprobado en San Sebastián y firmado por 109 penalistas, en su mayoría magistrados y profesores. Dicho documento reconoce que "la diversidad cultural constituye hoy un aspecto fundamental de nuestra realidad social" que exige, en un Estado social y democrático como el que diseña la Constitución española, "un modelo de convivencia basado en la tolerancia recíproca y en la integración efectiva de culturas diversas". Propugna que, en ese marco, tanto los individuos como los grupos, deben tener "garantizado su derecho a actuar y expresarse libremente".El Grupo de Estudios de Política Criminal se constituyó en 1989, con un manifiesto sobre la despenalización de las drogas, y posteriormente ha propuesto reformas sobre la eutanasia y la objeción de conciencia.

Prevenir

El último manifiesto, sobre multiculturalismo, pide a los poderes públicos medidas para "prevenir actitudes discriminatorias en el seno de la sociedad" contra extranjeros, minorías religiosas y gitanos, así como que en la penalización de conductas discriminatorias no se sobrepasen los límites de la intervención penal mínima y la libertad de expresión. Las propuestas se han perfilado en las últimas reuniones del grupo, en las que han participado los catedráticos o profesores de Derecho Penal José Luis Díez-Ripollés, Francisco Muñoz Conde, Mercedes García Arán, Juan Carlos Carbonell, Juan Terradillos, Ignacio Berdugo, Adela Asua y Patricia Laurenzo, y los magistrados Mario Pestana, Clara Penín, Gregorio Álvarez y Ramiro Ventura.Hubo acuerdo unánime en pedir la supresión del delito de "provocación a la discriminación y al odio" contra individuos o grupos ideológicos, religiosos, raciales, etc., castigado con hasta tres años de cárcel y multa, por el carácter difuso de esa conducta. Y también se pide que se suprima el delito, castigado con la misma pena, consistente en difundir, "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, (...) informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación con su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía".

Una minoría mantuvo que debe ser delito la "provocación a la violencia" contra tales individuos o grupos, "por el riesgo real que origina este comportamiento para ciertos bienes básicos de las víctimas". En cambio, la mayoría del grupo apoyó la supresión también del delito de provocación a la violencia contra esos individuos o grupos, por tratarse de un delito de peligro insuficientemente justificado".

El grupo pidió la supresión en el nuevo Código Penal de la circunstancia agravante de cometer el delito "por motivos racistas", ya que propicia una interpretación "puramente subjetiva" que "puede conducir a penalizar el pensamiento, en contradicción con la protección constitucional de la libertad ideológica". Proponen también eliminar las referencias al "antisemitismo", por primar a un determinado colectivo. Igualmente, se pretende eliminar, excepto en el delito de discriminación en el empleo, la protección contra la discriminación por razón de "sexo" -sí se admite por razón de "orientación sexual"- y por la "situación familiar".

La propuesta de reforma de la ley de Extranjería limita la posibilidad de expulsión gubernativa a los casos de infracción muy grave, como la de encontrarse ilegalmente en territorio español Por no haber obtenido la prórroga de estancia o el permiso de residencia. En cambio, excluye los actuales motivos de expulsión por no haber obtenido permiso de trabajo y encontrarse trabajando; carecer de medios lícitos de vida o practicar la mendicidad, o estar implicado en "actividades contrarias al orden público", motivo que el grupo rechaza por su "vaguedad".

Los penalistas reducen de 40 a 10 días el máximo de internamiento de un extranjero en expediente de expulsión y proponen alternativas a la privación de libertad, como las comparecencias periódicas ante la autoridad que tramita el expediente, las fianzas, y la prohibición de abandonar determinado lugar. Propone que la "zona internacional del puerto o aeropuerto" se considere territorio español.