"Debemos proteger al júez y también exigirles sus deberes"

El magistrado Benigno Varela Autrán (A Coruña, 1935), padre de cinco hijos -la única mujer ya juez- y presidente de la Mutualidad General Judicial (cargo no remunerado), es el flamante portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Varela recuerda con afecto sus comienzos en los juzgados de las provincias de Madrid, A Coruña y Ciudad Real y cómo, en los años ochenta, ya como magistrado de Trabajo, fue autor de una sentencia en contra de las retenciones abusivas de los jugadores de fútbol por parte de los clubes. Cuenta que se sorprendió cuando los periodistas deportivos le aseguraron: "Usted es noticia".Ahora vuelve a serlo por la polémica levantada por su primera conferencia de prensa. Explica su propuesta de proteger penalmente la función judicial sin resucitar el "bien enterrado" delito de desacato. Junto a la protección de los jueces cuando ejercen un poder del Estado, Varela tiene claro que debe exigírseles el cumplimiento de sus deberes y toda clase de responsabilidades.

Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, no le impresionan las etiquetas, pero se cree "liberal y dialogante". Es creyente, pero ya desde 1953, en tiempos del Concordato con el Vaticano, defendió la aconfesionalidad del Estado.

Como portavoz del CGPJ, recupera su vieja vocación de periodista, pero confiesa no tener "ni idea" de los nombres y grupos concretos que el dirigente socialista Joaquín Almunia dio al presidente del CGPJ en su reciente encuentro.

Pregunta. ¿Qué política judicial va a hacer este Consejo?

Respuesta. El Consejo quiere asumir su propio cometido como órgano de gobierno efectivo y verdadero del poder judicial en España. Donde debe cifrar sus objetivos es en que se prestigie lo que es y hace el poder judicial. Potenciarlo exige que se le dote de los medios procesales y materiales imprescindibles para que pueda realizar su importante y básica misión en un Estado de Derecho.

P. Pero la gente está un tanto hastiada de los jueces.

R. Por eso es necesario que se sepa que el juez no es sólo un señor con poder para meter en la cárcel y al que hay que temer, sino que garantiza la pervivencia del Estado de Derecho. Los jueces son un poder del Estado para mantener la vigencia del derecho, la norma jurídica, que es el poder de los poderes. Y todos estamos sometidos a ella, a través de un poder judicial tecnificado y profesionalizado.

P. ¿Ha madurado una fórmula que proteja la función judicial cuando se la ataca con insultos?

R. Quiero aclarar lo que quise decir en mi primera conferencia de prensa. No pretendo resucitar el delito de desacato, que está bien enterrado en cuanto que protegía el principio de autoridad. En cambio, sí defiendo que se proteja penalmente a uno de los poderes del Estado, el judicial, un poder difuso, que radica en todos y cada uno de los jueces del Estado. Tan poder es el Tribunal Supremo como el último juez que toma posesión. Reitero que ese juez, como titular de un poder del Estado, merece uña protección mayor de la que tiene.

P. ¿Qué protección?

R. La misma que los otros poderes. El Código Penal protege a quienes ejercen el poder legislativo y el poder ejecutivo e incluso prevé la persecución de oficio de las calumnias, injurias o amenazas graves contra el CGPJ, los tribunales Constitucional y Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. Pero se queda ahí. Lo que yo defiendo es que cuando los jueces ejercen el poder judicial -no cuando actúan fuera de él, como el resto de los ciudadanos- los insultos contra el desempeño de esa función permitan la actuación del Ministerio Fiscal, que precisamente tiene entre sus atribuciones la defensa de la independencia de los jueces. Exigir que sea el juez injuriado o agraviado el que tenga que denunciar, además de desproteger la función judicial, hace que el juez denunciante pierda su independencia y quede contaminado. En todo caso, propongo que no se imponga pena de cárcel y, por supuesto, que se aplique la exceptio veritaris [por la que queda exento de responsabilidad penal quien prueba el delito que imputó].

P. ¿Qué ataques cree más perniciosos para el poder judicial, los que proceden de los políticos o de otros jueces?

R. Todos son malos. Los poderes del Estado deben tenerse entre sí el debido respeto, y lo mismo digo de los titulares del poder judicial.

P. Hay en el CGPJ quien defiende que los críticos injustos e insultantes se descalifican a sí mismos y que por culpa de ellos, no debe limitarse la libertad de expresión general.

R. No debemos confundir los términos. Nadie habla de limitar la libertad de expresión y de crítica de las resoluciones judiciales, pero dentro de cauces de corrección y moderación, sin injuriar ni calumniar a nadie, ni imputarle un delito.

P. ¿Qué opina de quienes insultan a los jueces que no deciden según sus gustos y elogian o califican de "buen juez" al que coincide con sus criterios?

R. Me parece una postura interesada y poco equilibrada.

P. ¿Qué considera más importante para los usuarios de la justicia: la protección de los jueces o el ejercicio de las facultades disciplinarias?

R. No está reñido lo uno y lo otro. Al CGPJ compete la protección de la función judicial, pero paralelamente otra obligación que incumbe al Consejo, y que debe desempeñar con toda normalidad, es la exigencia a los jueces del cumplimiento de sus deberes.

P. ¿Están bien previstas las infracciones disciplinarias?

R. Quizás habría que retocarlas, porque algunas carecen de entidad y otras quedan fuera de las previsiones legales.

P.Por ejemplo...

R. En los acontecimientos ocurridos últimamente en el mundo de la justicia y entre jueces, la falta de alguna figura disciplinaria ha hecho que el Consejo no haya encontrado un encaje adecuado para algunas conductas.

P. ¿Qué cree usted que debería ocurrirle a un juez que investiga durante meses sobre hechos que no son delito, abre una causa general para ver si aparece algún delito o toma medidas cautelares desproporcionadas o abusivas?

R. (Se ríe y mide cada palabra) Atenerse a las responsabilidades correspondientes, si es que ha actuado fuera de la norma. Es elemental; le ocurre a cualquier juez. Si el titular de un poder del Estado se desvía, tiene que atenerse a sus responsabilidades. No hay inmunidades.

P. ¿Cuál es la propuesta más. interesante del Libro Blanco?

R. Es interesante casi todo. Desde el punto de vista del gobierno de la justicia, tal vez la regulación de los módulos de trabajo y la modernización de unas oficinas judiciales que no están a la altura de los tiempos y en las que, por ejemplo, los secretarios deben tener preparación en materia de gestión.

P. Los jueces están divididos entre quienes defienden que se vincule la retribución con la productividad y quienes estiman que el trabajo judicial no puede medirse.

R. Es necesario combinar calidad y cantidad. Es cierto que no basta la cantidad, porque puede haber resoluciones repetitivas de casos idénticos, pero este Consejo cuenta con estudios recientes que nos han aconsejado proponer en el Libro Blanco un complemento de productividad, como hay en la Administración.

P.¿No temen que si se inspecciona o controla el trabajo judicial, los jueces les acusen de afectar a su independencia?

R. No, porque son asuntos distintos. La independencia judicial no peligra por ese control ni por la inspección, servicio que concebimos más colaborante que represivo.

P. ¿Existen agrupamientos en el CGPJ, en función del color político del grupo parlamentario proponente?

R. Agrupamientos propiamente dichos, no. Hay un clima cordial, al margen de la ideología o la procedencia e imperan siempre los criterios jurídicos y de profesionalidad.

P. Pero, ¿existen indicios de que los consejeros consulten con los grupos políticos antes de tomar decisiones?

R. No puedo hablar por los demás. Sí puedo decirle que yo, como vocal, fui elegido sin que ningún partido político me hubiese llamado. Y así sigo.P. Los nombramientos importantes, como el inminente de presidente de la Sala Segunda del Supremo, ¿son fruto de un pacto político?

R. Se deben exclusivamente a criterios profesionales. El currículo y el prestigio personal son decisivos, aunque en el caso de los presidentes de tribunales no basta ser un magnífico magistrado. Es preciso tener cualidades para gobernar y coordinar.

P. ¿Qué opinar de los tres años de excedencia forzosa pagada para los jueces que regresen de la política?

R. Me remito al informe del CGPJ, que se opuso a tal medida y sugirió que la comisión de calificación destinara a tales jueces a un puesto que no tuviera relación con la función política desempeñada. No soy partidario de sacralizar al juez. Si alguno quiere ir al campo político, sólo hay que procurar que cuando vuelva no ejerza contaminado por su anterior cargo.