La defensa de HB advierte que una condena supondría "un gran obstáculo para salir del conflicto"

El abogado de Herri Batasuna Íñigo Iruin, defensor en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo a los 23 miembros de la Mesa Nacional de la coalición independentista y que puede acabar hoy, atribuyó al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, el inicio del proceso como reacción al asesinato, el 14 de febrero de 1996, del ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Además, Iruin advirtió que condenar a los dirigentes de HB supondría "un gran obstáculo" para una salida política al conflicto vasco.Iruin dijo que, el día anterior al asesinato de Tomás y Valiente, el entonces fiscal jefe del País Vasco, Jesús Cardenal, fue advertido por la Ertzaintza de la intención de difundir el vídeo. Cardenal, siempre según la versión del letrado, dictaminó que "era de aplicación la ley electoral", sin pronunciarse sobre la existencia de infracción penal alguna.

El abogado agregó que una posible infracción electoral se había convertido en "un largamente buscado proceso al independentismo vasco" mediante el delito de colaboración con banda armada, un "delito-chicle" que permite acomodarlo a las necesidades políticas del momento.

Respecto a los comunicados sobre los asesinatos del abogado Fernando Múgica, ex dirigente socialista en Guipúzcoa, y el propio Tomás y Valiente, Iruin dijo que lo punible es ensalzar el delito o al autor del mismo, pero no que se justifique el crimen, pese a que cree que no se hizo tal cosa.

Adolfo Araiz, uno de los 23 acusados y también letrado de la defensa, aseguró que la única intención de HB fue informar sobre la alternativa democrática de ETA, sin ánimo de favorecer la actividad de la banda armada. Araiz insistió en que consideraron la alternativa de ETA "una propuesta de paz" y no creyeron delictivo darla a conocer.

Por otra parte, el magistrado instructor de la causa, José Manuel Martínez Pereda, confirmó ayer el embargo de bienes de los 23 dirigentes de HB para cubrir la fianza de 250.000 pesetas impuesta para cubrir eventuales responsabilidades.