Togas de ida y vuelta

LOS JUECES y magistrados que se pasen a la política no recuperarán automáticamente su puesto en la judicatura al regresar a su antigua ocupación, como hasta ahora, pero dispondrán de una excedencia pagada de tres años. Y ello aunque su experiencia política se haya limitado a concurrir como candidatos en unas elecciones de cualquier orden (municipales, por ejemplo). Además, en virtud de una enmienda introducida por el PP en el Senado, la reforma tendrá carácter retroactivo. Ello significa que beneficiará a políticos en activo, en. primera instancia a la ministra de Justicia, impulsora de la ley. De ahí las críticas que esa enmienda ha suscitado en todos los demás grupos, incluyendo los aliados del Gobierno, que han anunciado que no la apoyarán.Latey del Poder Judicial, aprobada en 1985, cuando otro juez (Fernando Ledesma) ocupaba la cartera de Justicia, alentó el` tránsito de la judicatura a la política: cómputo del tiempo a efectos de antigüedad, ascensos y derechos pasivos, y reserva de plaza y destino. Vistos los efectos perversos de esas facilidades, el PP propuso, cuando estaba en la oposición, una reforma drástica que establecía un periodo mínimo de cinco años antes de regresar a la judicatura. El Consejo del Poder Judicial planteó, alternativamente, un regreso inmediato, pero no, a la antigua plaza, sino a una que decidiría el Consejo. Una vez el PP en el poder, el plazo se rebajó a tres años y en régimen de excedencia pagada.

El problema de esta fórmula es que el principal efecto perseguido, desanimar el viaje de ida y vuelta entre la judicatura y la política, queda bastante diluido. Pues no se trata sólo de evitar sospechas sobre sus sentencias futuras, sino de evitar que la pública adscripción ideológica proyecte sombras sobre la imparcialidad de las resoluciones anteriores. De ahí que en todos los países existan trabas a la dedicación de jueces -y militares- a la política. La medida disuasoria más obvia es que quien dé ese paso sepa que no podrá regresar a su anterior oficio. Así lo entendió, por ejemplo, el primer presidente del Consejo del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles, tras intentar, sin éxito, la aventura política en la llamada Operación Reformista. Establecer esa norma con carácter obligatorio puede ser exagerado. Pero en la solución dada, el riesgo de perder la plaza se ve compensado por la garantía de tres, años sabáticos. Incluso algunos desaprensivos podrían buscar expresamente ese efecto presentándose en listas electorales en puestos de relleno. De ahí que sea una solución discutible. E impresentable que se le otorgue carácter retroactivo.