Jueces progresistas proponen vincular la retibución judicial a la productividad

Jueces para la Democracia planteó en su congreso de Girona, que concluyó ayer, la conveniencia de vincular las retribuciones de los jueces con su productividad. Ricardo Bodas, juez de lo Social y miembro del secretariado de la asociación progresista, propuso "condiciones objetivas de trabajo que permitan distinguir a quien lo hace bien y a quien lo hace mal retribuyéndoles en consecuencia y sancionando a los incumplidores". El congreso protestó, por unanimidad, contra el proyecto de ley que permite la extradición de asilados políticos, "un atentado grave contra los derechos fundamentales".La propuesta, polémica entre la propia izquierda judicial y de la que la derecha no quiere ni oír ha blar, se plantea en un momento en que la asociación judicial mayoritaria promueve un aumento de los sueldos mensuales que equipara ría a los jueces de ingreso con los diputados (unas 500.000 pesetas) y sería de un 25% más para los magistrados (unas 650.000) y un 50% más para los magistrados del Tribunal Supremo (unas 800.000), "con aumentos mecánicos de siete puntos cada cinco años al margen de la inflación". Bodas calificó de auténtico despropósito" esa iniciativa cuando el Gobierno propone la contención del gasto público y prevé un aumento del 2,1% para los funcionarios en 1998. Por el contrario, Bodas explicó la conveniencia de mejorar los medios materiales y personales para un más eficaz servicio público a los ciudadanos y, desde esa perspectiva, vincular las subidas retributivas de los jueces a su productividad. "La productividad de los jueces es medible, al igual que cualquier otro trabajo manual o intelectual", aseguró Bodas, "por más que algunos compañeros defiendan que es un concepto economicista que no tiene cabida en el campo del derecho".

El directivo de Jueces para la Democracia no ocultó que, desde otras posiciones ideológicas, se ve con desconfianza la medición y el control social del trabajo judicial, pero afirmó que "son precisamente los jueces responsables y cumplidores quienes se beneficiarán de la objetivización de sus condiciones de trabajo".

El Libro Blanco

El propio Libro Blanco de la Justicia considera preciso "fijar una retribución en concepto de incentivo al rendimiento para aquellos jueces y magistrados que, dentro del máximo que se fije para evitar el descenso de la calidad, realicen una labor superior a la que razonablemente les debería ser exigida".

Precisamente, el portavoz de la asociación, José Antonio Alonso, evaluó el Libro Blanco como "un trabajo de evidente dimensión política", desde la perspectiva que sitúa al poder judicial del lado de los ciudadanos, titulares de todo poder democrático. Alonso comparó la apuesta del Libro Blanco en favor del servicio público judicial con "la extrema incapacidad de la ministra de Justicia [Margarita Mariscal] para hacer frente a la parte que le corresponde en la tarea de administrar justicia".