El calendario europeo
Conocer y encauzar el futuro ha sido una de las mayores preocupaciones de todas las civilizaciones. Ésa es la razón de ser de los calendarios. Calendarios como los sumerios, egipcios, el de la Córdoba califal, los libros de horas medievales o la piedra del sol azteca son testigos relevantes de esta constante histórica, y en la vida cotidiana de los agricultores, almanaques como el zaragozano han tenido un valor secular.El proceso de construcción europeo es un continuo tejer y destejer calendarios con fechas de vencimiento periódicas. Con el Tratado de Amsterdam se inicia una nueva cuenta atrás, en la que estamos jugando el más difícil todavía, como los malabaristas que añaden una pelota o un plato más a los que ya están en el aire. A pesar de que sea muy criticable en muchos aspectos, conviene situar los próximos emplazamientos, que sin duda deberían interesar más a unos medios embebidos en el tratamiento de las cuestiones procesales.
En España hoy se habla más de imputados, recursos de reforma o comisiones rogatorias que de moneda única, iniciativa por el empleo o ampliación comunitaria.
Quizá mis recuerdos de estudiante sobre la tecnicidad del derecho procesal empañen mi capacidad de juicio y no sepa valorar en su justa medida este salto cualitativo, pero creo conveniente que nos ocupemos más de cuestiones que afectan a nuestra bolsa y nuestra vida cotidianas.
¿Cuáles son los emplazamientos?
- Ante todo, una política activa de creación de empleo, que debe ser acordada en el Consejo Extraordinario de Luxemburgo de noviembre. Es de esperar que se decida, de una vez, empezar a aplicar, la política aprobada en el último paquete Delors (grandes infraestructuras, formación permanente, flexibilidad) y, sobre todo, ser coherentes con la decisión de hacer la unión económica y monetaria. ¿Cómo se puede explicar a los ciudadanos que se pone en común la moneda y que a la hora de confrontar la creación de empleo cada uno se arregla por su cuenta? Es de esperar que el Consejo Europeo no concluya con una resolución de rogativas por el empleo (del género "estamos a favor, pero lo tiene que hacer el sector privado"). A los apóstoles de la tesis les convendría examinar de cerca la beligerancia de autoridades de Estados Unidos a todos los niveles a la hora de formular políticas económicas y fiscales activas para crear y proteger el empleo.
- La segunda cita es el Consejo de Luxemburgo para aprobar la Agenda 2000, propuesta por la Comisión y compuesta por: la visión de la Unión en el nuevo siglo, las reformas a realizar y, en especial, las "perspectivas financieras", es decir, el necesario pacto presupuestario para garantizar la supervivencia del proyecto, con especial acento en la política agrícola común (PAC) y las políticas estructurales de cohesión.
En paralelo, el proceso de ampliación a los 11 países que lo han solicitado: 10 países de la Europa central y oriental -Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania y Bulgaria-, más Chipre. El caso de Turquía, país con el que la demanda de adhesión se formuló en la década de los sesenta y con el que se ha establecido una unión aduanera, tiene perfiles propios.
El nuevo pacto presupuestario parte de un único dato cierto, el mantener los recursos comunitarios dentro del límite del 1,27% del PNB conjunto fijado en Edimburgo. La negociación va a ocupar por lo menos la actividad comunitaria hasta 1999, en un ambiente calentado por la precampaña electoral alemana y el órdago del ministro Weigel emulando a la señora Thatcher en su petición de rebaja de su contribución.
Para no iniciar una guerra abierta, conviene situar el nuevo escenario que se presenta en relación con la unión monetaria. La decisión del Consejo Ecofin de adelantar el inicio de la tercera fase -es decir, la fijación irrevocable de paridades de las monedas- a mayo del año próximo ha de tener, es de esperar, consecuencias positivas sobre la recuperación económica en Europa. La convergencia se ha producido, la estabilidad es ya parte de la cultura común, ahora es preciso afrontar la acción de empleo y competitividad que Europa necesita como el comer. Con vistas a este debate y la posterior negociación, es de saludar el cambio de posición de los conservadores españoles, que de considerar que la defensa de la cohesión era cosa de pedigüeños ha pasado a una cerrada defensa de lo obtenido. Cuando el núcleo divergente de la CDU-CSU en su nuevo documento sobre Europa acepte que países como Francia, Italia o España han hecho sus deberes mejor que Alemania y considere que hay que formular una política económica y fiscal común, sería conveniente aprovechar para actualizar el planteamiento de la cohesión, incluyendo los elementos imprescindibles con una unión económica y monetaria: los estabilizadores automáticos y un fondo de compensación o igualación. Además, es preciso encontrar socios y solidaridades, más que provocar enfrentamientos prematuros.
Ahora bien, la ampliación no puede esperar a que pongamos la casa en orden. El calendario de la historia no se para porque tengamos problemas. El compromiso de la Unión era comenzar las negociaciones seis meses después de concluir la CIG. El Consejo de Luxemburgo de diciembre tiene pues la responsabilidad de dar el pistoletazo de salida.
La Comisión ha hecho una propuesta de negociación diferenciada, interpretando los criterios de Copenhague. En primer lugar, ha valorado la situación democrática de respeto de los derechos humanos y de las minorías, lo que ha llevado a la congelación de la candidatura de Eslovaquia. Después ha examinado los demás criterios (economía de mercado, capacidad competitiva y de asunción de las obligaciones momo miembro), y, a pesar de que ninguno de los candidatos reúne de momento las condiciones, ha propuesto la iniciación de negociaciones de adhesión con seis países (Polonia, República Checa, Hungría, Estonia, Eslovenia), más Chipre, país cuya renta está a nivel español pero tiene el problema de la invasión turca. Ante este desafío sin precedentes cuyo resultado final sería el crecimiento de la superficie de la Unión Europea en un 34%, de la población en un 29% y de la renta en un 9%, la cuestión que está sometida a debate en este momento es decidir si se reconoce el derecho de los países a adherirse, y, en su virtud, de iniciar negociaciones, tesis conocida como la regata o la línea de salida para todos, o se acepta tal cual la propuesta de la Comisión.
Si se trata de reconocer un derecho y estabilizar Europa, parece más coherente aceptar la tesis de la regata inicial sabiendo que el avance en las negociaciones se hará de acuerdo con los méritos y problemas de cada candidato, lo cual llevará al ingreso por grupos.
Un último elemento del calendario, en cierto modo previo a todos los demás: la aprobación por el Parlamento Europeo y la ratificación por los 15 Parlamentos de los Estados miembros del Tratado de Amsterdam. La experiencia de Maastrich ha demostrado que no se trata de un mero trámite y que es preciso un esfuerzo de explicación aún mayor, sobre todo por sus propias carencias.
El mejor método, por paradójico que pueda parecer, es proponer su ratificación como eslabón necesario de un proceso constituyente abierto, en vísperas del salto que supondrá la unión monetaria, al tiempo que nos emplazamos a resolver los asuntos pendientes por mayoría cualificada en el Consejo (ponderación de votos en su seno, composición de la Comisión), en una nueva conferencia intergubernamental antes de la próxima ampliación. Y para que tenga éxito es preciso recuperar lo que se ha perdido en Amsterdam: el pulso de Europa, un ideal que pueda generar de nuevo entusiasmo por una causa tan noble como mal vendida.
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