Las acciones del Valencia revisadas por orden Judicial

La Universidad entró ayer en la sede del Valencia para investigar el ordenador del club de Mestalla. Lo hará a solicitud del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Valencia. Un equipo de doctores y expertos en informática se encargará del peritaje informático de la última ampliación de capital del Valencia, que fue demandada en su día por la Fundación del club de fútbol. Los expertos de la Universidad de Valencia estudiarán la titularidad de unas 100.000 acciones de la sociedad Valencia Club de Fútbol, SAD, así como todas las transmisiones efectuadas con estos títulos desde su emisión hasta la actualidad. La Universidad aceptó ayer la realización del peritaje informático a solicitud del juzgado.El director del Instituto de Robótica de la Universidad, el catedrático de informática Gregorio Martín Quetglas, acudió ayer al juzgado para aceptar el encargo y presentar al equipo de doctores y profesores que harán el trabajo. El juez autoriza el acceso de estos especialistas a todas las bases de datos del Valencia CF. La Universidad efectuará un informe que librará al juez.

Esta investigación dictaminada por el juez responde a una petición de la Fundación de la entidad valencianista, que entiende que, en la última ampliación de capital, el actual consejo de administración del club hizo acopio de un gran número de acciones a través de testaferros. En concreto, se trata de seguir el rastro en el ordenador del club de las 102.213 acciones equivalentes a 817 millones de pesetas que fueron suscritos en la última ampliación de capital. A través de una demanda del pasado 11 de marzo, la Fundación pretende que sea revocada la ampliación de capital establecida en la junta general de accionistas del 11 de marzo de 1996. En aquella asamblea se aprobó una ampliación dividida en cuatro fases.

La primera, reservada a los accionistas que quisiesen comprar un máximo de nueve acciones; la segunda, para abonados y peñistas que quisieran suscribir hasta nueve títulos; la tercera, para el público en general que optase por un tope, de nueve acciones; y la cuarta quedó reservada para la Fundación, que suscribió 23 millones de pesetas.

La Fundación sostiene que, a partir de esta ampliación, se produjo una acumulación de acciones en pocas manos que rompe el espíritu de la ampliación, en la que se fijó precisamente un tope de nueve títulos para evitar la concentración.