El presidente de la patronal francesa dimite por no haber evitado la semana laboral de 35 horas

El presidente de la Confederación Nacional de Patronos de Francia (CNPF), Jean Gandois, presentó ayer tarde su dimisión a la comisión ejecutiva de la organización empresarial, adelantándose a las críticas que sin duda le esperaban por no haber sabido evitar a la implantación por ley a partir del año 2000 de la jornada semanal de 35 horas. Jean Gandois, que ha reconocido haber sido "burlado" por los interlocutores gubernamentales en la conferencia de empleo, y "víctima de un compló ideado entre los sindicatos y el Gobierno", dijo ayer que no quiere ser "el jefe de la batalla" que los sectores más duros de la patronal pretenden librar con el Ejecutivo en los meses venideros.

"Las empresas no tienen ahora más salida que un combate muy duro, sin piedad. El diálogo social va a ser interrumpido", indicó Gandois, tras señalar que él es un "hombre negociador" que carece del "perfil" necesario para desempeñar ese papel.

Aunque la CNPIF no adelantó ayer su posición, todo apunta, a tenor de las declaraciones de sus máximos dirigentes, que está dispuesta a suspender el diálogo social en materias como la prejubilación de los que han cotizado 40 años, los salarios mínimos, el estatuto del primer asalariado y otras que habían sido acordadas en la conferencia de empleo antes del anuncio de la regulación por ley de la semana de 35 horas.

La actitud de la patronal francesa, únicamente sostenida por los liberales de la UDF, suscitó a su vez las reacciones sindicales y el tono del enfrentamiento dialéctico se elevó a niveles no alcanzados desde hace tiempo.

Mientras la patronal reorganizaba sus filas y se preparaba para lo que ellos mismos definen como la "guerra" venidera, los sindicatos europeos, saludaron con entusiamo la iniciativa del Gobierno francés. "Es una señal para el conjunto de Europa" y "un éxito de los trabajadores", proclamó Emilio Gabaglio, el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, (CES).

Más allá de los fundamentos económicos-laborales, la decisión de Lionel Jospin, de convertir a Francia en el primer país que fija en 35 horas semanales la jornada de trabajo ofrece también una lectura política. No en vano, el primer ministro francés repite periódicamente que, "a diferencia de los gobernantes conservadores, yo no reduzco la acción política exclusivamente a los imperativos económicos".A modo de explicación, ante una medida que no suscita la unanimidad completa en las filas socialistas, el propio primer ministro ha apuntado que "el fracaso de la conferencia de empleo habría entrañado un grave riesgo de crisis social y política". En sus argumentaciones, -"la patronal no ha propuesto nada para reducir el paro, no me ha dejado otra elección"-, se subraya más la necesidad de conjurar los riesgos de fractura con sus socios de izquierda que la propia bondad intrínseca de la medida.Efectos políticos

El anuncio, pese a las durísimas presiones de la patronal, ha tenido el efecto inmediato de taponar las primeras grietas que empezaban a abrirse dentro de la coalición gubernamental de socialistas, comunistas y ecologistas. Considerada parte central del programa socialista y núcleo de la alianza con el resto de los socios, las 35 horas semanales permiten a Jospin cerrar el frente de conflictos sindicales que amenazaba con abrirse peligrosamente a su izquierda, mucho más tras la privatizaciones parciales de grandes empresas. Es una decisión adoptada, por lo demás, en un momento en el que el "estado de gracia" que ha acompañado al primer ministro empezaba a languidecer.Pese al tono tremendista de sus reacciones, una buena parte de los máximos directivos de la CNPF dirigen empresas que han adoptado medidas de reducción del tiempo de trabajo, a menos, incluso, de 35 horas semanales. Es el caso del propio Jean Gandois, presidente y director, ejecutivo de la siderúrgica belga Cockerill-Sambre, que cuenta con una plantilla de 9.575 trabajadores.El rechazo patronal al proyecto del Gobierno socialista viene derivado de los temores que suscita la rigidez potencial de la ley, su obligatoriedad. Los patronos sí aceptan la aplicación negociada empresa por empresa.