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Una juez paraliza de forma cautelar y urgente la construcción del trasvase Picadas-Toledo

Vicente González Olaya

Las obras del trasvase Picadas-Toledo, infraestructura con un coste de 8.000 millones de pesetas y que está diseñada por la Confederación Hidrográfica del Tajo con el fin de asegurar el suministro de la provincia vecina, han entrado en dique seco. La titular del juzgado de instrucción número 2 de Navalcarnero firmó ayer un auto con el que ordena "como medida cautelar urgente" la paralización de los trabajos por supuesto "gran impacto al medio ambiente". El trasvase cruza el suroeste de Madrid y discurre por una zona protegida por la Unión Europea.

La responsable del juzgado de instrucción número dos de Navalcarnero reunirá en audiencia el día 15 a todas las partes implicadas (Fiscalía, Guardia Civil, consejería de Medio Ambiente, propietarios de las fincas afectadas, expertos en medio natural y Confederación Hidrográfica del Tajo). Decidirá entonces la "ratificación o no de la medida adoptada".La juez fundamenta la paralización de los trabajos del trasvase "vistas las posibles incidencias que la obra supone para el medio ambiente". Y añade: "Al amparo del artículo 339 del Código Penal y concordantes con la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 13) procede acceder a la medida cautelar solicitada de paralización de las obras, dado el gran impacto en el medio ambiente que las, pueden ocasionar".

Los artículos a los que hace referencia permiten a los tribunales adoptar medidas para "restaurar el equilibro ecológico perturbado" y "dar protección a los perjudicados".

Carrera de obstáculos

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Antonio Llanos, mostró ayer su "confianza en que se arregle el tema lo antes posible". "Esto parece una carrera de obstáculos. Nosotros sólo queremos llevar el agua a una región que la necesita. Aquí parece existir un conflicto de competencias territoriales", señaló.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Madrid mostraron ayer su satisfacción por la decisión de la juez. Las fuentes consultadas recordaron que el auto judicial es consecuencia de la querella por presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente presentada por el ministerio fiscal".

La querella de la fiscalía se fundamenta en tres pilares: la obras carecerían de un estudio de impacto ambiental, afectarían gravemente al medió natural y ya se ha superado la grave sequía que obligó al gobierno central a declarar las obras de "urgencia" en 1995.

A principios de los años noventa la sequía se cebó sobre el centro peninsular. Los pantanos registraron niveles desconocidos desde hacía décadas. En 1993, la Confederación Hidrográfica del Tajo elaboró un proyecto para unir el embalse de Picadas con la comarca de Valmojado, en Toledo. La canalización tendría un diámetro de 1,20 metros y 22 kilómetros de longitud.

El gobierno central, el 4 de agosto de 1995 declaró la obra de urgencia. De esta manera, no era necesario el correspondiente estudio de impacto ambiental, trámite administrativo cuya elaboración podría alargarse años. Los trabajos comenzaron a principios de 1996, uno de los años más lluviosos del siglo.

Esta parte de Madrid está declarada zona de protección de las aves (ZEPA) y está amparada por la normativa de la Unión Europea desde 1988. En estos terrenos anida una pareja de águilas imperiales, cigüeñas negras, linces y una especie de murciélagos protegidos, los conocidos como grandes de herradura o de oreja blanca.

Margen derecha

Sin embargo, en julio de este año la Comunidad de Madrid, con la sequía ya acabada, hizo valer sus derechos. Reclamó que el trasvase fuera sometido a un estudio de impacto ambiental, sobre todo porque el trazado original había sido cambiado. La tubería, en vez de ir por el margen derecho del río Alberche, iba a pasar por el izquierdo, aprovechando una vía de un ferrocarril en desuso.

El director general del Medió Natural, José Javier Fernández Santamaría, hizo llegar al Ministerio de Medio Ambiente una carta reclamando la paralización de las obras a la altura de un túnel ferroviario donde viven nueve ejemplares de murciélagos protegidos. Para delimitar si las obras podían dañar a los quirópteros, se requirió el dictamen de un experto en estos mamíferos voladores: Jesús Benzal, del Museo de Ciencias Naturales. Benzal determinó que las obras no perjudicaban a los murciélagos.

La Confederación del Tajo recordó además a la Comunidad de Madrid que para realizar el trasvase sólo hacía falta enviar el proyecto a Bruselas, y que la Unión Europea dictase las medidas correctoras que considere oportunas.

El día 15, la juez decidirá quién tiene razón.

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Sobre la firma

Vicente González Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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