Ideologías tributarias

La Hacienda pública en España vuelve a ofrecer la imagen de un cuerpo incompleto con elementos dislocados. El activismo fiscal desencadenado por el Gobierno del PP durante los últimos 15 meses ha originado arbitrariedades, distorsiones e ineficiencias resucitando, además, añejos anacronismos. La acumulación de tantas anomalías está ocasionando el desprestigio, la confusión y un palpable barullo en una de las instituciones -el sistema fiscal- que tiene que contribuir a la legitimación ética de una economía de mercado.Este enredo y desorden ocurren cuando, el próximo día 14 de noviembre, se produce el vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes, con la que se inició el que, sin lugar a dudas, ha sido el proceso histórico más transformador que ha experimentado -en este siglo- la Hacienda española: la reforma fiscal de 1978. Quienes pilotaron el tránsito hacia un régimen representativo produjeron, en esas fechas, una alteración integral de la Hacienda, demostrando con hechos que modificaciones de esta naturaleza, en la pétrea configuración de un sistema económico, no son debidas a la simple evolución de un proceso industrial sino que obedecen a la exteriorización de un profundo cambio político.

La refOrma fiscal era, desde hacía años (alrededor de 50), una necesidad objetiva, pese a lo cual tan sólo pudo cristalizar cuando entre nosotros se decantó una mayoría política en favor del progreso. Aquel horizonte móvil, que por reiterado resultaba tópico, que se verbalizaba bajo la promesa nunca olvidada y nunca cumplida, de modificar el diseño tributario, sólo empezó a ser realidad con la llegada de la democracia.

Su contribución a la estabilidad y a la convivencia en libertad, a la cultura política, hacía sostener que la trascendencia de la misma la situaba por encima de la acción de los gobiernos o de los partidos. Y que por tanto debería ser impulsada por todos cuantos son defensores del pluralismo económico, de la igualdad social y de la solidaridad. Pues bien, lo cierto es que la reforma fiscal tan sólo fue apoyada por el centro y por la izquierda parlamentaria.

El éxito de la reforma tuvo mucho que ver con la singular personalidad política de quien condujo su, elaboración. Paco Fernández Ordóñez, como es sabido, sostenía que ningún test como el test tributario sirve tanto para localizar políticamente a las personas o a los grupos sociales, al situar a cada uno de ellos en su verdadero sitio.

Así se vinculaba a una concepción muy extendida en la teoría de la Hacienda, por la que la cantidad de impuestos que debe satisfacer cada ciudadano ha de establecerse en función de su capacidad económica y no a partir del beneficio que recibe por la acción del Estado. Como la distribución originaria de la renta ya es en sí misma una manifestación del poder, el reparto de la carga tributaria plantea, además, un conflicto de intereses. Por eso, detrás de la imposición hay, siempre, grupos, unos mejor situados y otros peor, que se enfrentan por conseguir el privilegio de pagar lo menos posible, para Jo que tratan de echar sobre las espaldas de los demás buena parte de los impuestos que soportan (Eisenstein).

Bases amplias y tipos moderados orlaron la configuración tributaria de aquel momento. En un impuesto como el de la renta se apostó por la uniformidad, restringiendo extraordinariamente las reducciones y las exenciones ya que unas y otras terminan proporcionando beneficios y ventajas a contribuyentes muy concretos. En el IRPF se gravaron todas las manifestaciones de la renta, ya procedieran del trabajo, de los rendimientos de los capitales propios, de las actividades empresariales desarrolladas, de las transferencias patrimoniales recibidas o del aumento del valor de las propiedades.

Las modificaciones legislativas y administrativas, la apelación que continuamente efectuó Fernández Ordóñez en favor de la honestidad fiscal le granjearon el aprecio de los ciudadanos, quienes se incorporaron masivamente al sistema tributario, elevando de manera muy considerable su nivel de sinceridad fiscal.

Se produjo la ruptura colectiva con una práctica y un comportamiento insolidarios, a la vez que afloró una nueva conciencia fiscal. Durante un dilatado espacio temporal, primero los centristas y después los socialistas, hicieron de la capacidad de pago el elemento alrededor del que giraría la fiscalidad de las personas físicas.

El establecimiento de un impuesto sintético y progresivo sobre la renta personal había consumado un proceso contra el que, desde la derecha política y económica, se alzaron voces. Vencerlas terminó por transformarse en el gran argumento. Se contrastó una tesis de Saroni, quien ha afirmado que la izquierda busca el bien de los demás, mientras la derecha se dedica a hacerse el bien a sí misma. Por eso, desde AP, Fraga y López Rodó combatieron la reforma de Ordóñez situándose al margen de sus planteamientos.

Los dos ministros de Hacienda de UCD fueron privilegiados testigos de semejante hostilidad.

A lo que hay que añadir que, en los años en los que la derecha política permaneció en la oposición al PSOE, sus ofertas, en materia fiscal, confrontaron con un sistema tributario "influido de la doctrina socialdemócrata" (Aznar). El PP abrazó las ideas reaganianas aun a sabiendas de que su aplicación en EE UU y el Reino Unido había alterado de manera cualitativa la distribución de la carga fiscal al posibilitar que los ricos pagaran menos, las clases medias pagaran más y las clases bajas vieran cómo se reducían las prestaciones sociales que recibían.

Por ello resulta pertinente el pretender averiguar si, en el nuevo escenario político, los contenidos ideológicos que aplicaron los Gobiemos de España durante el periodo que transcurre entre 1978 y 1996 se siguen manteniendo o si, por el contrario, el PP los ha hecho declinar. Los conservadores han ignorado los criterios de equidad fiscal que venían decantándose desde que se inició la construcción del sistema tributario de la reforma. Otro tanto ha ocurrido con los compromisos que habían adquirido en los procesos electorales, por lo que puede decirse que eran meramente instrumentales y que ocultaban una posición dogmática incapaz de enfrentarse con la complejidad de la actual tributación.

El PP ha desencadenado una auténtica batalla contra todo cuanto significa capacidad de pago, para lo que sustituye impuestos visibles y personalizados por otros ocultos que ignoran el nivel de renta y de riqueza de los ciudadanos. Así lo demuestra el tratamiento fiscal de las plusvalías, la elevación de los impuestos y de los precios que gravan destacados consumos y la búsqueda empecinada de hechos imponibles peregrinos sobre los que fijar una tasa. Con su proceder, el Gobierno, de Aznar ha demostrado que es fervoroso partidario de que haya impuestos bajos para contribuyentes con altas rentas.

El PP ha erosionado la base imponible del IRPF haciendo que pierda la uniformidad que había venido, durante tiempo, experimentando. Aquel gravamen, que comenzó sujetando homogéneamente todas las modalidades de la renta, ha sido víctima de todo tipo de presiones privadas, lo que se ha traducido en que en él, hoy, tan sólo las rentas del trabajo estén totalmente gravadas y controladas. Frente a ellas, las del capital experimentan una importante desfiscalización, las empresariales se determinan, al margen de la estimación directa, mediante módulos; las plusvalías se han sacado del impuesto fijándose para ellas un tipo sensiblemente reducido. Las ventajas que obtienen los tenedores de diferentes modalidades de rentas y ganancias del capital o los de rendimientos empresariales y profesionales no las brinda el Tesoro Público, los proporcionan el resto de los contribuyentes al admitir que tienen que soportar una sobrecarga en su imposición. Esta dialéctica empuja a que el trabajo manual resulte discriminado y, desde luego, peor tratado que cualquier otro rendimiento.

El PP ha conservado una estructura alta en las tarifas porque previamente ha roto la base del impuesto, lo que posibilita el que haya contribuyentes que fácilmente pueden encontrar medios para eludir los efectos de las escalas progresivas. La incidencia que tendrán todas estas actuaciones en la distribución de la carga van a ser graves, por regresivas, puesto que hará que en 1997 experimente una extraordinaria elevación la proporción que dentró del conjunto de la recaudación del IRPF corresponde a las rentas del trabajo. A pesar de que los hechos caminan en una mala dirección, creo que el impuesto sobre la renta sigue siendo un instrumento útil para corregir esas desigualdades que la derecha considera como naturales e inevitables. Por eso recibe fuertes ataques por muchos de los que lo pagan, quienes recurren a diversos argumentos para expresar cuánto les duele la pérdida de ese dinero. Producto de esta forma de pensar, Guehenno ha llegado a manifestar: "Los ricos no admiten que los .pobres gasten mal el dinero de sus impuestos". En España esa resistencia la acaudilló AP -la vieja marca de la derecha- y ahora la ha transformado en embestida legislativa el PP, que se ha dejado llevar por pasiones sin freno ni restricción. Incapaz de controlarlas, se ha dedicado a satisfacer las demandas de grupos selectos, con lo que ha hecho vulnerable la reforma. El deslizamiento hacia posiciones conservadoras en el mapa político español ha actuado como campo abonado en el que se ha dado al traste con conquistas logradas hasta este momento.

El olvido de la equidad tributaria y el apetito por la desigualdad son unas manifestaciones más de la actuación de un Gobierno que expolia en la Administración, se apropia de la empresa pública, ocupa los medios de comunicación, abusa del poder, hace retroceder la libertad y transfiere rentas públicas a los grupos que le son afines. Todo ello ha servido para que se diga: "Este Gobierno da miedo". A lo que hay que añadir que hará daño al conjunto de los españoles.