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El Tribunal de Cuentas investiga los sueldos y un concierto no celebrado del Madrid 92

José Manuel Romero

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Milagros Crespo, explicó ayer en el Congreso de los Diputados la auditoría pública realizada sobre la gestión del Madrid 92, cuyo consorcio organizador estuvo presidido por el alcalde, José María Álvarez del Manzano. Crespo aseguró que se habían malgastado 120 millones en "pagos improcedentes" y reclamó a las administraciones que exijan responsabilidades por estos hechos. También anunció que el tribunal investiga ahora los sueldos pagados y un concierto en el que se gastaron 20 millones y que no se celebró.

La comisión mixta Congreso-Senado se reunió ayer para debatir sobre un asunto antiguo, la capitalidad europea de la cultura, un conjunto de actos culturales que organizaron las tres administraciones públicas durante 1992 en Madrid.El Tribunal de Cuentas encontró innumerables irregularidades en la gestión de ese festival, y así lo puso de manifiesto en su informe de fiscalización. La presidenta del tribunal, Milagros Crespo, incidió ayer en las anomalías descubiertas y reveló al diputado socialista Sergio Moreno que los auditores públicos han decidido abrir pieza separada sobre dos aspectos de dicha gestión: los sueldos pagados a determinados dirigentes del Madrid 92 y los 20 millones desembolsados por un concierto que nunca se llegó a celebrar.

Abrir una pieza separada significa que el Tribunal de Cuentas profundizará en sus investigaciones para determinar si ha habido un perjuicio para las arcas públicas, y en ese caso, buscar a sus responsables. Crespo afirmó que el consorcio Madrid 92 había pagado de manera improcedente o injustificada 120 millones de pesetas a distinto personal. También denunció el descontrol generalizado que presidió la gestión del Madrid 92, cuyo director general fue Pablo López de Osaba. Crespo explicó también que el consorcio organizador había perdido dinero por venta de entradas y por declarar el IVA fuera de plazo. Por todas estas anomalías, Crespo pidió que la comisión liquidadora del consorcio "ejercite las acciones oportunas para exigir las responsabilidades administrativas derivadas de las distintas irregularidades" destapadas por el tribunal.

El diputado socialista Sergio Moreno apoyó esta petición. El senador Juan Barranco anunció que pedirá en el pleno municipal que el Ayuntamiento de Madrid, una de las tres instituciones del Consorcio Madrid 92, exija esas responsabilidades. Para Barranco, el principal responsable es el alcalde de Madrid, que tenía el cargo de presidente del consorcio.

Le replicó el senador Luis María Huete, que formó parte de la comisión liquidadora hace varios años. "Lo muerto, muerto está. Y la comisión liquidadora ya no funciona. No tenemos ningún poder ejecutivo para reclamar a nadie". Para Huete, la auditoría del Tribunal de Cuentas no tuvo en cuenta que se trataba de actos culturales, para cuya contratación no es viable la convocatoria de concursos.

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Subjetivismo

"Puede haber demasiado subjetivismo en ese informe. Además, hay que tener en cuenta que todos los acuerdos del consorcio se tomaron por unanimidad, no hubo votos reservados, ni impugnaciones ni advertencia de ilegalidades. He demostrado con números que el PP era minoritario en el consorcio, al igual que el Ayuntamiento de Madrid. Si era tan grave la conducta del director general como dicen, por qué no lo destituyó el Ministerio de Cultura, que lo había nombrado", declara Huete. El senador popular considera que la pieza separada abierta por el Tribunal de Cuentas no tiene importancia. "No sacarán nada sucio", asegura.

Y concluye: "En todas partes hay expedientes incompletos, pero hay que tener en cuenta que, en este caso, la concurrencia de ofertas para espectáculos, como ahora ocurre con los Festivales de Otoño o los Veranos de la Villa, no es posible".

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