Los diputados estudian la creación del Defensor madrileño del Pueblo

Madrid - 28 sept 1997 - 00:00CEST

Seis diputados que representan a los tres grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid están negociando estos días la reforma del estatuto de autonomía. Las reuniones se caracterizan por su discreción, ya que ningún partido político quiere, de momento, dar publicidad a su contenido. Sin embargo, ha trascendido ya que Izquierda Unida ha propuesto al resto de grupos políticos incluir en el estatuto madrileño la creación de la figura del Defensor del Pueblo de la Comunidad de Madrid.Esta idea no entraba en los planes del Gobierno del Partido Popular, que ha sido el encargado de elaborar el borrador de estatuto sobre el que están trabajando los diputados. Tampoco parece convencer a los socialistas, aunque, de momento, ha quedado aparcada para que los máximos responsables de IU, PP y PSOE decidan si tal iniciativa se incluye o no en el proceso final de las negociaciones políticas.

Alberto Ruiz-Gallardón, presidente autonómico; Jaime Lissavetzky, secretario general de los socialistas madrileños, y Ángel Pérez, coordinador regional de IU, deberán decidir si finalmente Madrid cuenta con un Defensor del Pueblo propio. Hasta ahora, los madrileños dirigen sus quejas a la institución nacional del Defensor del Pueblo, con sede en la calle de Fortuny de la capital.

En ocho comunidades autónomas, según recuerda Izquierda Unida, ya funciona un Defensor del Pueblo (aunque en alguna de ellas no reciba esta denominación concreta) y la Comunidad de Madrid debe seguir sus pasos. De hecho, en el programa electoral de IU se proponía la creación de un Defensor del Pueblo madrileño.

Con lo que la Comunidad ya cuenta es con el primer Defensor del Menor que se ha creado en España, pero éste sólo tramita quejas y denuncias relacionadas con menores. No obstante, por esta singularidad, el departamento capitaneado por Javier Urra está alcanzado gran notoriedad.

Los partidos acuerdan asignar un sueldo fijo a los diputados

VIENE DE LA PAGINA 1Populares y socialistas han preferido dejar aparcada la propuesta de IU y seguir negociando artículos del nuevo estatuto de autonomía. Fuentes próximas a la negociación apuntan que existe cierto rechazo a la propuesta en el PP, ya que en Madrid está la sede del Defensor del Pueblo nacional, y crear otro sería duplicar gastos y conundir al ciudadano.

Los diputados regionales que negocian en nombre de los tres partidos el futuro techo competencial de Madrid se han reunido varias veces en las últimas semanas y han avanzado hasta el artículo 30 del nuevo estatuto de autonomía.

Entre los artículos ya modificados figura el relacionado con las asignaciones económicas a los diputados. En el estatuto actual se prohíbe dar a los parlamentarios una asignación fija y mensual, y tan sólo se permite el pago de dietas por su asistencia a plenos y comisiones. Por término medio, un parlamentario madrileño gana 100.000 pesetas al mes durante ocho meses, pues hay cuatro meses en el año en que la Asamblea no celebra sesiones. Esto significa que un diputado regional cobra cinco veces menos que cualquier concejal del Ayuntamiento de Madrid. Los diputados regionales deben controlar un presupuesto anual de 700.000 millones; los concejales, otro de 350.000 millones, la mitad.

El nuevo estatuto, según el acuerdo alcanzado ya por los tres grupos parlamentarios, eliminará esta prohibición, con lo que se podrá decidir una retribución fija y mensual para los 103 diputados madrileños.

La ley de la capital

El espejo en el que se están mirando los parlamentarios es el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Con una diferencia: en el estatuto de Madrid figurará un artículo relacionado con la Ley de Capitalidad para dar un trato preferente a la capital de España. Dicha ley sigue embarrancada en el Ayun tamiento de Madrid, que exige más competencias urbanísticas de las que quiere conceder la Comunidad. La redacción del nuevo artículo sobre la Ley de Capitalidad también ha quedado aparcada ante las diferencias entre los distintos grupos parlamentarios.

Sobre el resto de las materias, el acuerdo para reformar el estatuto de autonomía parece absoluto.

Por ejemplo, sobre la política aeroportuaria. La Comunidad tendrá competencias sobre los tres aeropuertos de Madrid: Torrejón, Barajas y Cuatro Vientos, aunque renuncia a las relacionadas con el tráfico aéreo. La Administración regional pretende decidir sobre la explotación de aparcamientos, tiendas ordinarias y libres de impuestos, servicios de comidas y ampliación de instalaciones aeroportuarias. En cuanto a los hospitales, los grupos políticos están de acuerdo en asumir los hospitales del Insalud.

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