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El Supremo cita a Liaño y Garzón para investigar la presunta trama contra Polanco

El instructor del 'caso Sogecable' podría ser acusado de prevaricación y otros delitos

Los jueces Javier Gómez de Liaño y Baltasar Garzón declararán el próximo viernes, día 26, como imputados, ante el magistrado Joaquín Delgado, el instructor designado por el Supremo para investigar la trama en la que habrían participado Liaño y otras personas para perjudicar a Sogecable y a su presidente, Jesús de Polanco. La denuncia del fiscal general del Estado, que dio origen a este procedimiento, fue notificada ayer personalmente a los dos jueces citados a declarar. Posteriormente serán llamadas otras personas en calidad de testigos de los hechos investigados.

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Esa denuncia mencionaba la posible existencia de seis delitos: prevaricación, retardo malicioso en la administración de la justicia, denuncia falsa y simulación de delito, falso testimonio, omisión del deber de impedir delito y omisión del deber de perseguir delitos por parte de funcionario público. Fuentes jurídicas indicaron que este último sería aplicable a Garzón sólo en caso de que se demostrara que Gómez de Liaño había cometido delito.El instructor del Supremo, Joaquín Delgado, en presencia del fiscal José María Luzón, recibió ayer primero a Garzón y luego a Gómez de Liaño y les notificó la citación a declarar para el próximo martes por los hechos descritos en el auto que ha originado estas diligencias.

En esa resolución, dictada en su día por Garzón, este juez se abstuvo de resolver la recusación contra su compañero Liaño -presentada por el consejero delegado de Sogecable, Juan Luis Cebrián- al haber tenido conocimiento extraprocesal de datos sobre una trama para perjudicar a Polanco y tratar de meterle en la cárcel "aún sin base para ello".

Tanto Garzón como Gómez de Liaño expusieron a Delgado que el martes deben viajar a París para realizar sendas comisiones rogatorias, en las que cada uno de ellos ha de interrogar a varios miembros de la cúpula de ETA en relación con algunos de los atentados cuya investigación tienen encomendada. Entre los etarras a interrogar figuran José Luis Álvarez Santacristina, Txelis; José Luis Urrusolo Sistiaga o Intxausti Múgica.

Los testigos

El magistrado Joaquín Delgado, a la vista del problema, decidió aplazar la citación de los dos jueces hasta el viernes día 26 y la declaración de los testigos, prevista para esta semana, hasta la semana que viene. Estos testigos son Jaime García Añoveros, Jesús Neira y Joaquín Navarro -que ya prestaron testimonio durante la instrucción del incidente de recusación contra Gómez de Liaño-; así como el abogado Antonio García Trevijano, los fiscales Ignacio Gordillo y María Dolores Márquez de Prado y el también abogado Manuel Murillo, los cuales han sido mencionados en el auto de Garzón como participantes en reuniones en las que se trataron aspectos sobre el fondo de las querellas contra Sogecable y la táctica a seguir para llevar a Polanco a la cárcel.Gómez de Liaño ha pedido una habilitación al Colegio de Abogados para defenderse a sí mismo en este proceso, mientras que Garzón explicó que todavía no tiene abogado y sólo ha designado a su procurador. Joaquín Delgado notificó, primero a Garzón, que estaba imputado por los hechos a los que se refería el auto de abstención dictado por él en el incidente de recusación. Garzón quiso saber qué hechos se le imputaban y Delgado le explicó que en realidad le afectaban las consecuencias del auto, es decir, un delito de acusación y denuncia falsa, sólo para el caso de que se demuestre que lo relatado en el auto de Baltasar Garzón es falso.

Este último precisó que en su auto no había denuncia alguna, ni sobre Liaño ni sobre otras personas, sino que era la exposición de unos hechos de los que ha tenido conocimiento, en una resolución judicial que ha sido respaldada con el voto favorable de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

En cuanto a Liaño, el juez instructor le ha notificado su imputación en los hechos a los que se refiere el auto; es decir, lo relativo a su participación en reuniones con otras personas como García Trevijano o Jaime Campmany -denunciante del caso Sogecable- en las que se habría tratado el modo de mantener vivo el proceso sobre Sogecable el mayor tiempo posible, aun sin base para ello. De esos hechos se desprende que los delitos denunciados por el fiscal y que podrían afectar a Liaño son los de prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta), retardo malicioso en la administración de justicia y simulación de delito.

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