El juez rechaza una demanda del Colegio de Economistas contra EL PAÍS

El titular del juzgado de primera instancia número 13 de Madrid, Sagrario Arroyo García, ha desestimado, en una sentencia del pasado 3 de septiembre, una demanda del Colegio de Economistas de Madrid contra EL PAÍS. Dicha demanda pretendía reivindicar el derecho a rectificar la información publicada el 2 de julio de 1997, en la página 60 de la sección economía.En la citada noticia se daba cuenta de que el financiero Jacques Hachuel y la Fundación Levis, de Liechtenstein, presuntamente vinculada a Mario Conde y Arturo Romaní, habían aportado en un juicio civil planteado por Banesto (la llamada Operación Carburos Metálicos de presunta apropiación de 18,6 millones de francos suizos o 2.000 millones de pesetas de hoy) en los tribunales del principado centroeuropeo un dictamen de Gerardo Ortega, presidente del Colegio de Economistas de Madrid, y el informe que tres peritos de la citada entidad -Leandro Cañibano, Joaquín Diez Fuentes y Miguel Angel Garrido- hicieron como peritaje de parte (por petición de Arturo Romaní, acusado en el caso Banesto), en el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, a primeros de 1996.

La información citaba directamente a las fuentes: la respuesta de Hachuel, el pasado mes de junio, a la demanda civil de Banesto en Liechtenstein y el escrito de la Fundación Levis. Tanto Hachuel como la citada fundación apoyan sus argumentos contra Banesto, entre otros, en los citados informes de Ortega y de los tres peritos.

Información documentada

El Colegio de Economistas de Madrid hizo personarse en el domicilio de EL PAÍS a un notario para dejar constancia de un texto de rectificación. EL PAÍS consideró que bajo el subterfugio de una rectificación se estaba atacando una información veraz y debidamente documentada. Los autores del texto, asimismo, vertían en un último párrafo de su presunta rectificación términos y acusaciones que pretendían descalificar ése y otros trabajos del periodista que firmó la información, Ernesto Ekaizer.

El juez Arroyo García sostiene que tales afirmaciones "no es una diferente relación de los hechos, sino que claramente se trata de un juicio de valor sobre la información y su autor, así como la intencionalidad del mismo, que en modo alguno puede ser protegido por el derecho de rectificación de la Ley Orgánica 2/ 1984 de conformidad a lo prevenido en el párrafo segundo del artículo 23 de la ley, así como la doctrina transcrita".

El juez desestima, sin entrar a debatir la versión de los hechos, la demanda del Colegio de Economistas de Madrid, absolviendo a EL PAÍS, denegando la rectificación y, de conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1984, impone las costas al demandante.

La sentencia puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.