El Gobierno socialista francés aprueba un plan para crear 350.000 empleos juveniles en tres años

La izquierda francesa asumió frente a los electores dos grandes compromisos: crear empleo para los jóvenes en cantidades masivas y mitigar el paro gracias a la reducción de la jornada laboral. La primera promesa quedó ayer cumplida. Martine Aubry, la todo poderosa ministra de Empleo y Solidaridad, puso en marcha un mecanismo destinado a inventar 350.000 nuevos puestos de trabajo entre 1997 y 1999, con contratos de cinco años de duración financiados en un 80% con dinero público. El coste total para el Estado, a lo largo de tres años, se estima en unos 5.000 millones de francos (875.000 millones le pesetas). Se prevé que antes de que acabe 1997 habrá ya 50.000 empleos de nueva planta.

Lo que algunos consideraron una promesa electoral descabellada es ya una realidad, y de tan grandes proporciones que ni si quiera la oposición conservadora se atreve a criticarla frontalmente. El propio presidente gaullista, Jacques Chirac, afirmó que no podía "sino aprobar la inspiración de este proyecto de ley", el primero que llegará a la Asamblea Nacional el 18 de septiembre cuando se reabra el periodo parlamentario.Pero, tras el Consejo de Ministros que aprobó el gran proyecto, Chirac lanzó un aviso: debería evitarse que los 350.000 empleos acaben desembocando en el sector público, una vez finalizados los cinco años de contrato. Con ello, el presidente subrayó uno de los numerosos puntos oscuros de un plan cuyo resultado admitirá pocos matices: será un gran éxito o un extraordinario fracaso, al que quedará liga da la carrera política de Martine Aubry, hija de Jacques Delors y, hoy por hoy, la mujer que tiene más posibilidades de convertirse algún día en la primera presidenta de la República Francesa.

La idea central del plan es simple: convertir en salarios los subsidios, creando empleos útiles para la sociedad que la economía de mercado no crea por sí misma (véase despiece) y permitiendo a la vez que los beneficia rios adquieran experiencia profesional. Esos empleos estarán exclusivamente destinados a las personas de 18 a 25 años o a las personas de entre 25 y 30 que no hayan trabajado nunca. El sueldo será el mínimo legal, 5.240 francos netos mensual (131.000 pesetas), y el 80% será sufragado por el Estado. El 20% restante correrá a cargo de los empleadores, básicamente ayuntamientos, asociaciones sin ánimo de lucro y mutualidades, nunca empresas públicas o privadas. El Estado pagará sobre cada puesto de trabajo creado, para evitar que el dinero sea desviado por los empleadores hacia otras actividades.

Resultados lentos

El proyecto es ambicioso y puede poner remedio a una larguísima crisis social. Pero aunque comparando cifras (583.700 jóvenes parados frente a 350.000 puestos de trabajo) pueda parecer que el desempleo juvenil se reducirá a menos de la mitad de un plumazo, la propia Martine Aubry indica que el resultado no será tan automático. La afloración al mercado de trabajo de muchos miles de jóvenes, sobre todo de sexo femenino, que habían desistido ya de buscar empleo, y la simple evolución demográfica, harán que el resultado sobre las estadísticas sea lento. Lo que se busca, según la ministra, es dar "impulso, formación e íntegración social" a una generación laboralmente maldita.

Además, los riesgos y puntos oscuros son muchos. La primera incógnita, planteada por la oposición conservadora, es qué sucederá una vez finalizados los cinco, años de contrato. ¿Se asumirá el riesgo de devolver a la cola del paro a cientos de miles de personas? ¿Se optará por integrarlos en una función pública a la que, por la vía municipal, estarán ya indirectamente conectados? Martine Aubry reconoce que la certidumbre sobre el resultado dentro de cinco años es imposible, pero indica que muchos de esos nuevos empleos habrán demostrado su utilidad y obtendrán rentabilidad y financiación privada, y que la experiencia alcanzada por los jóvenes les permitirá en muchos casos acceder a un empleo normal. Otra incógnita, que preocupa mucho a los sindicatos: ¿no se estará creando un casta funcionarial de segunda clase, con salarios mínimos y contratos no indefinidos? Aubry responde que no, que los nuevos empleos juveniles nunca se solaparán con las funciones correspondientes al Estado.

El plan de Aubry, por otra parte, crea un tipo de contrato civil por cinco años, no renovable, que no existía en Francia. Los sindicatos temen que los empresarios lo aprovechen para sustituir poco a poco al contrato de duración indefinida y se acentúe la precariedad laboral. Los alcaldes, principal soporte del plan, esgrimen a su vez sus propias objeciones: aunque sólo deban pagar el 20% del sueldo a sus futuros desbrozadores de bosques, cuidadores de viviendas municipales o monitores escolares, ¿de dónde sacarán ese dinero? Casi todos los presupuestos municipales son ya ajustadísimos y apenas tienen margen para nuevas partidas.