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El Pardo recurre contra la Comunidad por prohibir el crecimiento urbano del barrio

Vicente G. Olaya

Los vecinos de El Pardo quieren que su barrio crezca: que haya más casas, más servicios. Por eso, el Consejo General de El Pardo, una de las mayores asociaciones vecinales, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la decisión de la Comunidad que impide que se construyan las 767 nuevas viviendas que proponía el Plan General de Madrid. La Comunidad prohíbe que el Ayuntamiento urbanice más la zona para preservar el monte de El Pardo, que rodea al barrio donde viven ya unas 5.000 personas.

Entre el centenar de recursos que particulares y entidades han presentado contra la aprobación del Plan General de Madrid, va una de los vecinos de El Pardo. Éstos han presentado en la sala primera del Tribunal Superior de Justicia un recurso contra el Plan General que no deja crecer a su barrio.El Ayuntamiento de Madrid, presionado por las continuas quejas de los vecinos que exigen más servicios para la zona, decidió introducir en el Plan General 767 viviendas. Esto significa, según los vecinos, que el barrio iba a crecer por primera vez en 20 años, lo que daría oportunidad a los jóvenes de la zona de tener una vivienda en su distrito. Algo casi inédito para las últimas generaciones.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid se opone frontalmente a que esta parte de la región se llene de nuevos vecinos. Un informe de la Consejería de Medio Ambiente calificó de "improcedente" el crecimiento previsto por el Ayuntamiento y recordó que los terrenos que se querían urbanizar, según la Ley de Patrimonio, sólo pueden ser destinados a "usos culturales, científicos, docentes y de protección del medio ambiente".

Pañuelo para llorar

Al final, el Ayuntamiento tuvo que ceder y retiró el crecimiento previsto para este barrio. Si se hubiera empecinado en mantener las 767 viviendas, la Comunidad podría haberle bloqueado el Plan General.Esta decisión de la Comunidad de Madrid. ha levantado las protestas, otra vez, de los vecinos del barrio. Carlos Castaño, presidente del Consejo General de El Pardo, visitó el pasado mes de abril al gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Luis Rodríguez Avial. Éste le dio la noticia: la Comunidad se oponía al crecimiento. "Rodríguez Avial nos dio un pañuelo para llorar. Sabemos que toda la culpa la tiene la Comunidad", dijo Carlos Castaño.

El problema tiene una difícil solución. La mayoría de los residentes, traídos por el general Franco en los años cuarenta y sesenta, son funcionarios o- militares ya retirados. El general, al instalarse en el palacio de El Pardo, llegó acompañado de su guardia personal y de numerosos cuarteles, militares y familias incluidas. Y así siguió todo durante décadas.

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Pero pasó el tiempo, y comenzaron a crecer los niños que acompañaron a aquellos pioneros. Poco a poco se fueron casando sus hijos, que, a su vez, tuvieron más niños y todos necesitaron casas. Nadie quería irse de tan bello lugar. Pero en El Pardo no hay viviendas disponibles. Las familias comenzaron a hacinarse. Es bastante corriente encontrar familias de hasta diez miembros en las primeras viviendas que construyó el dictador, la mayoría de 60 metros cuadrados.

Había surgido así una pequeña ciudad, en mitad de un monte con la máxima protección prevista por la Unesco. Según los datos oficiales, entre los bosques y dehesas de la zona, viven 350 especies distintas de plantas superiores y 246 vertebrados. Se calcula que el número de encinas supera el medio millón. Y todo esto situado a sólo cinco kilómetros del centro de Madrid. Una zona perfecta para levantar casas de lujo, entre encinares, muy cerca de la M-40 y de la N-VI. El Ayuntamiento defiende que esto no será así, que las casas serán de protección oficial. Los vecinos se lo creen. Están convencidos de que las nuevas casas serán baratas y para ellos y que vendrán acompañadas de los ansiados servicios, supermercados, colegios e infraestructuras. Pero la Comunidad piensa que, tras todo esto, se esconde una operación urbanística, que acabará con una joya natural.

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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