El Gobierno de Portugal prepara la semana laboral de cuatro días para los funcionarios
El Gobierno socialista portugués está ultimando un decreto ley que reducirá a cuatro días la semana laboral de los funcionarios con el fin de "crear nuevos puestos de trabajo y rejuvenecer la Administración pública", según ha reconocido el ministro-adjunto al Consejo de Ministros, Jorge Coelho.El proyecto gubernamental, que debería entrar en vigor en un plazo máximo de tres meses, pretende redistribuir el tiempo de trabajo en la Administración de forma que los funcionarios que acepten esta semana laboral verán reducidos sus salarios en un 20%, pero manteniendo los subsidios actualmente previstos para toda su jubilación.
El Gobierno pretende completar este paquete de medidas con otros dos decretos ley que regularán el trabajo a tiempo parcial, así como la incorporación en el sector público de miles de recién licenciados, procedentes de las universidades o las escuelas técnico-profesionales.
El Ejecutivo que preside Antonio Guterres quiere seguir la experiencia implantada ya en Bélgica, donde cerca del 10% de sus 800.000 funcionarios públicos ya se adhirieron a este acuerdo intersectorial, basado en la redistribución del tiempo de trabajo, que ha permitido al Estado economizar gastos que eran destinados al pago de los subsidios de desempleo, según reconoció durante su visita a Portugal, el pasado mes de febrero, el ministro belga de la Función Pública, André Flahaut.
Esta auténtica "revolución" del sector público no ha sido bien acogida por los sindicatos del sector que consideran que el Gobierno "está jugando con fuego". El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública (Sintap), Jorge Nobre, considera que los funcionarios portugueses no pueden eliminar parte de sus remuneraciones debido a sus ya bajos niveles salariales y advierte de un "posible levantamiento del sector ante una situación ya de por sí explosiva".
Paulo Trinidade, del Frente Común, explica que "la semana de cuatro días sólo será posible si va acompañada de una prohibición para que los funcionarios no puedan ejercer otras actividades" a la vez que insiste en que "estas medidas no son realistas dado el bajo nivel salarial" de los funcionarios.
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