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El Tribunal de Cuentas abre una investigación sobre el invernadero

Vicente González Olaya

El Tribunal de Cuentas mirará con lupa el invernadero de Arganzuela, una obra del Ayuntamiento de Madrid inaugurada en 1992. Los trabajos de rehabilitación de este vivero municipal fueron presupuestados por la Concejalía de Obras en 1.100 millones de pesetas y al final costaron 1.700 millones. El tribunal -que ha aceptado a trámite la denuncia interpuesta por el Grupo Municipal Socialista, que denuncia irregularidades en la concesión de las obras por parte del edil de Obras, Enrique Villoria- ha dictado un auto por el que nombra un delegado instructor "para que proceda a la práctica de las actuaciones" y se determine "el alcance [responsabilidad económica] que haya podido producirse, cuantificando el evento dañoso o perjudicial para el erario público municipal".La concejal socialista Ruth Porta, que presentó la denuncia, señaló ayer: "El tribunal considera que puede haber algún tipo de irregularidad contable por alcance, que puede haber provocado perjuicios económicos al erario público por razón de unas actuaciones administrativas dudosas". Según la edil del PSOE, "la admisión de esta denuncia supone el reconocimiento de que los hechos denunciados son en sí mismos constitutivos de alcance".

El concejal de Obras, en una nota oficial, negó ayer tajantemente estas supuestas irregularidades, y recuerda que la adjudicación de las obras se hizo de forma correcta y transparente. Las obras del invernadero de Arganzuela salieron a concurso público en 1990. El Ayuntamiento pretendía convertir el almacén de patatas del viejo matadero de Legazpi en un vivero de más de 7.000 metros cuadrados abierto al público. Según los socialistas, las obras costaron 600 millones más de lo presupuestado, casi un 60% por encima de lo que el departamento de Obras había previsto.

En la denuncia admitida a trámite por el Tribunal de Cuentas, el PSOE recuerda que al concurso convocado por el Ayuntamiento para adjudicar las obras se presentaron 12 empresas. El arquitecto jefe del departamento de Edificación determinó que "cualquiera de ellas" tenía "el grado de capacitación, experiencia, medios, personal y maquinaria para acometer una obra del volumen y características del caso". Y terminó su dictamen: "A la vista de ello, la superioridad designará la que mejor convenga a los intereses municipales".

El concejal Villoria eligió la oferta de Ginés Navarro, SA, la tercera más cara de todas las ofertas presentadas. El 21 de diciembre de 1990, la adjudicación fue llevada a pleno para que fuera refrendada o rechazada por los grupos municipales. El PSOE se opuso. Sin embargo, el PP hizo valer su mayoría y aprobó la adjudicación definitiva. Después pagó 600 millones más de lo acordado a esta empresa.

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78 millones sin especificar

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El gobierno municipal afirma que las obras pasaron por todos los órganos de control

Para Enrique Villoria, "poner en duda la corrección de estos expedientes es tanto como negar la eficacia del Ayuntamiento de Madrid, que ha actuado de forma absolutamente correcta, rigurosa y transparente".El edil recuerda que "el Tribunal de Cuentas es un organismo que tiene potestad suficiente para fiscalizar no sólo estos expedientes, sino todos los contratos de las administraciones públicas". Y añade: "De hecho, el tribunal somete a examen, de oficio y anualmente, todos aquellos contratos del Ayuntamiento de Madrid" previstos por la ley.

En febrero, el PSOE llevó al pleno municipal la petición de solicitar al Tribunal de Cuentas la fiscalización de las obras del invernadero. El Grupo Municipal del PP rechazó la propuesta. El PSOE, por su cuenta, la presentó.

El invernadero de Arganzuela tiene una superficie de 7.100 metros cuadrados. En él habitan 9.000 plantas de 800 especies diferentes. La humedad, temperatura y radiaciones solares están contraladas por ordenador, así como la música que anima el crecimiento de la masa verde. El recinto está dividido en cuatro zonas aisladas del pasillo central con puertas dobles. Dos de las zonas están dedicadas a plantas tropicales, otra a subtropicales y la cuarta a cactáceas. Es escenario habitual de actos pagados por el PP.

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Sobre la firma

Vicente González Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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