El Gobierno propone transferir la educación sin el dinero prometido
La negociación de las transferencias educativas no universitarias a 10 autonomías ha tropezado con un importante escollo. El Gobierno reconoce que aplicar la reforma tendrá un coste extraordinario de 230.000 millones de pesetas, cantidad que la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, se comprometió hace un mes a incluir en los Presupuestos del Estado hasta el año 2002. Pero a seis meses del plazo previsto para los traspasos -el 1 de enero-, el Ejecutivo se desdice y pretende que las comunidades afronten ese coste adicional.
La primera ronda de negociaciones entre la Administración central y las 10 comunidades afectadas, terminada el martes, ha desencadenado el rechazo de estas últimas, al comprobar que el Gobierno ha puesto sobre la mesa e¡ incremento de recaudación fiscal con la cesión del 30% del IRPF prevista en el nuevo modelo de financiación autonómica. Para la mayoría de los responsables autonómicos afectados, imponer un traspaso en estas circunstancias es aceptar una enseñanza deficitaria de partida. La trascendencia política del caso aumenta porque sólo las comunidades que se hagan cargo de la educación podrán acceder al 30% del IRPF. En una iniciativa de Economía y Hacienda -no de Educación- el Ejecutivo pretende utilizar los impuestos para dejar de financiar ese coste añadido de 230.000 millones de la reforma. Madrid pide 100.000 millones más de los que le ofrece el Estado para transferirle la enseñanza. Comunidades con la educación ya traspasada reclaman igualmente más dinero para abordar la reforma, como ha hecho el presidente gallego, Manuel Fraga, en una carta al vicepresidente Rodrigo Rato. No obstante, el presidente del Gobierno, José María Aznar, dijo ayer que la educación es una de las prioridades de los Presupuestos para el año próximo, junto con la sanidad y la defensa.
