Diferentes versiones en cuatro años

La historia de los presuntos "pagos políticos" fue mencionada innumerables veces por Javier de la Rosa en los últimos ,años. La primera mención apareció en la reunión que mantuvo Juan José Folchi, uno de los asesores del financiero, con un enviado del fiscal general de Kuwait los días 14 y 15 de noviembre de 1992, en Londres, en las oficinas de Kuwait Investment Office (KIO). En el llamado Folchi memorandum, se hacía referencia, a modo de confesión, de la existencia de pagos políticos, que se cifraron en alrededor de 300 millones de dólares (unos 30.000 millones de pesetas al cambio aquellas fechas).La confesión de Folchi quedó registrada literalmente en un acta. El ex asesor sostenía que tanto Javier de la Rosa, ex vicepresidente del grupo Torras, como Miguel Soler, ex director financiero, tenían poderes para ordenar los movimientos de las sociedades que hicieron llegar los presuntos fondos a partidos políticos y autoridades. Esta información fue hecha pública por EL PAÍS, el sábado 5 de marzo de 1994, y algunos partidos solicitaron la intervención del fiscal general del Estado para ver si existieron los citados pagos políticos. Nada se aclaró.

El 4 de noviembre de 1994, tras el ingreso de Javier de la Rosa en prisión por la querella criminal en relación con la crisis de Grand Tibidabo, todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados acordaron citar al financiero a la comisión de financiación de los partidos políticos.

Telegrama desde Can Brians

El 27 de diciembre, De la Rosa envió, desde la cárcel de Can Brians, un telegrama a la comisión de financiación del Congreso de los Diputados, acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar el jueves 29 de diciembre. El PP, PSOE y CiU renunciaron el 27 de diciembre a la comparecencia de De la Rosa. Los tres grupos parlamentarios consideraron que, estando el financiero en prisión preventiva, resultaba inútil para aclarar la financiación de los partidos.

El 5 de octubre de 1995, De la Rosa declaró que "tenía que medir bien sus pasos" en relación a anunciar públicamente los pagos políticos. El 18 de noviembre de ese año, el financiero volvió a insistir en que el dinero que le transfirió a Manuel Prado y Colón de Carvajal a Suiza, en 1990 y 1992 (100 millones de dólares, entonces unos 10.000 millones de pesetas) era para hacer "gestiones políticas".

En diciembre de 1992, De la Rosa declaró en la Corte Comercial de Londres que los 100 millones de dólares transferidos a Prado en Suiza eran para un lobby político. El viernes 12 de enero de 1996, al declarar ante el juez Miguel Moreiras, en Madrid, el financiero se desdijo.