La cruenta batalla del voto

La reforma de las instituciones, clave para afrontar con éxito la ampliación a Europa del Este, puede acabar en una mera batalla por el voto. Los Quince parecen incapaces de acordar una reforma de la Comisión Europea, y tanto la extensión de las decisiones a tomar por mayoría cualificada como el mecanismo más innovador de la reforma, la flexibilidad, tendrán efectos limitados.La del voto será la última batalla de Amsterdam. Y quizá la más cruenta. Es una lucha con dos bandos: los países con mayor número de habitantes, por un lado (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España), y el resto, enfrente (Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Grecia, Austria, Finlandia, Dinamarca, Suecia e Irlanda).

Los votos en el Consejo están repartidos en función de la población, pero sin una traslación directa de ese factor. Es un equilibrio muy delicado, que busca que las decisiones tengan el apoyo de varios países grandes. Nació con la Europa de los seis fundadores (Alemania, Francia, Italia y los tres pequeños del Benelux). El equilibrio empezó a descompensarse con las ampliaciones al Reino Unido, Irlanda y Dinamarca (1972) y a Grecia (1979). La adhesión de España y Portugal (1986) dejó las cosas en cinco grandes y siete pequeños, cerca del empate inicial.

Pero todo se resquebrajó con el ingreso de Austria, Suecia y Finlandia (1996). Hasta entonces bastaba con que un grupo de países obtuviera 23 de los 76 votos del Consejo para bloquear una decisión. Después de esa ampliación se requerían 26 de los 87 votos. La ruptura se saldó con un acuerdo provisional en loannina (Grecia), que prolonga el proceso cuando los votos en el Consejo se sitúan entre la antigua y la actual minoría de bloqueo. Pero todo esto ya no servirá cuando ingresen los países del Este: uno grande (Polonia), uno mediano (Rumania) y nueve pequeños (República Checa, Eslovaquia Eslovenia, Hungría, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia y Chipre).

Varios países han anunciado un veto a la reforma si no obtienen satisfacción en este asunto España, Francia y Reino Unido son los más beligerantes en esta materia. Alemania, confiada en que su influencia y su peso tienen más importancia que los votos, se conforma con una reforma mínima. Italia es, como tantas veces, una incógnita.

La propuesta presentada por la presidencia holandesa no satisface a España (véase el gráfico). Antes de la última ampliación lograba bloquear una decisión con el apoyo de uno de los países grandes y otro de los pequeño-medianos. Tanto con la actual votación como con la que propone la presidencia, España necesita sumar a sus votos el apoyo de tres de los quince socios.

Francia ha paralizado una vía alternativa que ha surgido de los medios académicos y que empezaba a hacerse un hueco de apoyos en Bruselas: la doble mayoría. Una decisión que necesitaría en ese caso el apoyo de una mayoría de países miembros, sea cual sea su tamaño, pero con la condición de que representasen a un determinado porcentaje de la población europea. Los países pequeños sitúan ese porcentaje entre el 60% y el 65%. España reclama entre el 75% y el 80%. Francia no ha querido saber nada, porque rompe el actual empate de los cuatro grandes. Alemania, el país más poblado, saldría muy fortalecida.

Sea cual sea la fórmula pactada, otro punto polémico es la fecha de su entrada en vigor. La presidencia ha propuesto que se pacte ahora la reforma del voto, pero que no entre en vigor hasta que la Unión tenga 18 miembros. España acepta dejarlo en suspenso hasta que se amplíe la UE aunque ingrese un solo país.

La reforma del voto es importante para recuperar los antiguos equilibrios, pero también porque éstos serán más necesarios en el futuro. El nuevo tratado quiere ampliar el número de decisiones que se tomen por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad (cuando hay unanimidad no hace falta contar votos: se necesita el apoyo (le todos los socios).

El proyecto de tratado que se presenta en Amsterdam propone eliminar el veto en varias políticas importantes (industria, agua, investigación y desarrollo o medio ambiente) y en parte de la política exterior y de seguridad. España contempla con temor la posibilidad de perder el derecho de veto en muchos de estos ámbitos.