Boyer afirma que la sentencia "no afecta a lo bien o mal fundada que estuvo la expropiación"

Miguel Boyer, que era ministro de Economía y Hacienda del Gobierno que decidió la expropiación de Rumasa el 23 de febrero de 1983, hizo ayer unas puntualizaciones tras conocerse la sentencia. "La expropiación de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz-Mateos por unos delitos presuntos que hubiera correspodido a los fiscales y tribunales depurar", afirma el ex ministro."Fue una medida de política económica", añade, "con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra, que en las difíciles circunstancias de 1983 nos pareció que podría tener unas consecuencias muy graves".

El comunicado de Boyer señala que "tras la expropiación, las auditorías confirmaron que el grupo tenía un déficit patrimonial de 259.000 millones de pesetas, como resultado de restar unas pérdidas acumuladas de 346.000 millones (le unos fondos propios consolidados de 87.000 millones de pesetas. Que éstas eran las pérdidas acumuladas lo ratifica la propia revalorización ficticia y sin base que fue hecha por los contables de Rumasa por 345.751 millones de pesetas, en un intento burdo de enmascarar la quiebra".

Además, Boyer añade que la sentencia conocida ahora "no afecta a lo bien o mal fundada que estuvo la medida de la expropiación, aunque recuerda el tribunal que fue declarada constitucional dos veces, en 1983 y 1986".

Boyer concluye que "siempre he mostrado el máximo respeto por los tribunales de justicia, tanto si sus decisiones coincidían con mi opinión como si no era así. Nunca he caído en la práctica de atribuirles prevaricaciones, de denigrarlos, ni de mofarme de ellos ni de sus sentencias, por la alta consideración que me merece ese pilar del Estado de Derecho y democrático".

Por su parte, el diputado Juan Alberto Belloch, portavoz de Justicia e Interior del Grupo Socialista, se limitó a decir ayer que respeta "las decisiones judiciales" al ser preguntado sobre la absolución de Ruiz-Mateos.

Andres Ollero, portavoz de Justicia del Grupo Popular, dijo que no podía opinar sobre este particular "por desconocer los hechos y los fundamentos de la sentencia". Mariano Rubio, gobernador del Banco de España cuando se produjo la expropiación, prefirió no opinar.