Aznar califica de "concurso de tremendismo" las protestas por el nombramiento de Fungairiño
El presidente del Gobierno, José María Aznar, sostuvo ayer ante el pleno del Congreso de los Diputados que "la argumentación jurídia del fiscal general del Estado" para proponer el nombramiento de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional "le parece al Gobierno perfectamente congruente". Aznar calificó, además, de "concurso de tremendismo" las protestas que se han desencadenado por este nombramiento.
El presidente contestó a una pregunta del diputado socialista y ex ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, que quería saber cuáles eran las razones por las que se ha decidido el ascenso a la categoría de fiscal de sala de Fungairiño y su nombramiento para la cabeza de la Fiscalía en la Audiencia Nacional.Belloch trató de acotar el problema pidiéndole a Aznar que no se limitase a responderle que el Gobierno había seguido el dictamen del fiscal general Jesús Cardenal, porque éste "72 horas antes de que el Consejo de Ministros" nombrase a Fungairiño "dijo que la opinión del Consejo Fiscal le vinculaba", y que "después de 30 años en la carrera" no era creíble que Cardenal hubiese cambiado de opinión en tan poco tiempo, por lo que al Grupo Socialista le parecía que el Gobierno "le obligó a cambiar su parecer".
Aznar replicó que el Ejecutivo había actuado conforme a una propuesta "razonada y fundada del fiscal general". Belloch contraatacó espetando al presidente: "De Derecho no pienso discutir con usted, porque no le concedo autoridad jurídica".
La altanería de Belloch provocó una marejada de insultos en los bancos del Grupo Popular, alguno tan novedoso como el de "laosiano", en referencia, sin duda, a los debatidos papeles que sirvieron para capturar al ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, en Laos."Chulo", "creído", "pedante"
Pero hubo otros más tradicionales: "Chulo", "creído", "pedante"... Tal fue el alboroto que el presidente del Congreso, Federico Trillo, tuvo que emplearse a fondo y decir a los diputados que les llamaba "severamente al orden".
Belloch prosiguió atacando el nombramiento de Fungairiño, al alegando que el Gobierno da por cerrada la "operación" cuando ésta ha supuesto "la mayor crisis institucional que ha padecido el Ministerio Público desde la instauración de la democracia". "La operación de la Audiencia Nacional" supone, en definitiva, que el Gobierno tendrá "los fiscales de cámara" que deseaba, dijo Belloch.
Siguieron las voces desde los bancos del Grupo Popular que repetían "¡Eligio!", en referencia al ex Fiscal general del Estado nombrado por el PSOE, Eligio Hernández, cuyo nombramiento fue considerado ilegal por el Supremo. Aznar recogió esas voces de manera explícita y después de decirle a Belloch que "hay tentaciones que no se superan" y que había sucumbido al "concurso de tremendismo" en torno a este asunto, le replicó que podía "negar la autoridad jurídica" del presidente del Gobierno, pero que cuando fue vocal del, Consejo General del Poder Judicial votó a favor del nombramiento de Eligio Hernández, que más tarde fue declarado ilegal, por lo que carecía de "autoridad moral" para hacer reproches al Gobierno en esta materia.
Aunque ayer no debía responder a ninguna pregunta, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, asistió a la sesión de control, escuchó al presidente del Gobierno y declaró en los pasillos del Congreso que la reacción de los fiscales "es tan desmesurada que ellos mismos no son conscientes de lo que están haciendo". Para ella se trata de "una reacción asociativa de las dos asociaciones" de fiscales. Criticó también a la Junta de Fiscales porque sus funciones "en ningún caso son la de hacer juicios al fiscal general".
Mariscal reconoció que las críticas del estamento Fiscal habían sido unánimes, pero replicó que "se han producido pronunciamientos de representantes muy cualificados de CiU, del PNV y otras personalidades" que defienden la legalidad del nombramiento. Según Mariscal, los fiscales "no han dado ninguna razón objetiva; simplemente dicen que no les parece bien, pero no dan razones contrarias a alguien que cumple todos los requisitos legales para ascender a la primera categoría y para el ejercicio de la jefatura, como la lleva ejerciendo".
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