Banesto cancela el préstamo de 315.000 millones concedido por el Fondo de Garantía de Depósitos

Banesto comunicó ayer al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) la cancelación anticipada del préstamo de 315.000 millones de pesetas que el fondo le concedió como parte del plan de saneamiento tras la intervención de la entidad por el Banco de España.El crédito tenía un plazo de vencimiento de cuatro años, con lo que acababa en agosto de 1998, a un tipo de interes creciente. El primer año fue del 0%; el segundo, del 3% y el tercero, del 5,3%. A partir de agosto de 1997, ese tipo iba a ser del 7%.

La continua rebaja del precio oficial del dinero, hoy en el 5,25%, llevó a la dirección de Banesto a analizar la conveniencia de anticipar la cancelación del préstamo. El banco, después del sólido saneamiento realizado por el equipo de Alfredo Sáenz, se encuentra en condiciones de acudir al mercado en busca de financiación más barata que la que le ofrecía el FGD. Fuentes del mercado calculan que la entidad se puede ahorrar algo más de 5.500 millones en intereses con la operación.

Fuentes financieras señalaron ayer que la cancelación anticipada de la deuda de Banesto con el fondo de garantía perjudica al resto de la banca, que participó en el proceso de saneamiento contando con un plan de recuperación a cuatro años.

Algunas entidades interpretan, además, que el propio contrato de Banesto con el fondo de garantía descarta tajantemente la posibilidad de la cancelación anticipada. No obstante, en Banesto se ha trabajado durante las últimas semanas con la seguridad de que la operación de cancelación completa es absolutamente correcta.

Por otra parte, la juez del caso Banesto, Teresa Palacios, ha citado a declarar a José Ramón Rigal y a Francisco Gómez Zubeldía en relación a la trama suiza de Mario Conde, mañana y el 9 junio, respectivamente. Ambos trabajaron en el despacho de Mariano Gómez de Liaño.

Mientras, en el otro caso abierto contra Conde, Argentia Trust, el Colegio de Ingenieros Agrónomos ha designado a los peritos que deben tasar las fincas aportadas por el ex banquero para hacer frente a la fianza de 2.000 millones de pesetas que le exigió el tribunal para evitar ir a la cárcel.